Sin control. Los vendedores aseguran que se ordenarán sin necesidad de que haya desalojos violentos en la ciudad. Foto EDH

Yesenia Acevedo
El Diario de Hoy
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A partir de hoy entra en vigencia la reforma a la ordenanza reguladora del comercio en la vía pública aprobada por el concejo de San Salvador, en la que se establece que corresponde a la Policía Nacional Civil (PNC) desalojar las ventas de las vías públicas.

La enmienda aprobada en la sesión de concejo del 24 de agosto fue publicada el 16 de septiembre pasado.

Desde que fue dada a conocer públicamente por el alcalde Carlos Rivas Zamora generó desacuerdo entre la municipalidad y el Ejecutivo. Las asperezas no han sido limadas.

“Es función de la alcaldía mantener esas vías despejadas, si tienen un plan nosotros les podemos ayudar”, reiteró Rodrigo Ávila, viceministro de Seguridad Ciudadana.

Ávila manifestó que el jueves anterior sostuvieron una reunión con el alcalde Carlos Rivas Zamora y una comitiva municipal para discutir la reforma.

“Estamos en la disposición de apoyarlos, pero la policía no puede estar subordinada a una ordenanza municipal, porque el resto de municipios querrán hacer lo mismo”, objetó el funcionario.

El discurso de Ávila no ha cambiado: “para los desalojos tienen al CAM (Cuerpo de Agentes Metropolitanos)”. Es por esto que dijo que sólo pueden “colaborar”, pero sin la obligación de la ordenanza.

El alcalde no quiso dar declaraciones “por no entorpecer las reuniones con Gobernación”, según la explicación dada por la oficina de Comunicaciones de la municipalidad.

Siguen allí

Mientras el debate continúa, el desorden reina en el centro capitalino.

Sin embargo, los comerciantes informales dicen que se están “ordenando”, sin necesidad de que intervenga la alcaldía o la policía.

“Hemos comenzado a acomodarnos en la zona de la Calle Rubén Darío y en la 3a. Calle Poniente”, aseguró Vicente Ramírez, líder de los vendedores.

Con ello, según Ramírez, quieren demostrarle al alcalde que son capaces de ordenarse.

Comentó que han solicitado audiencia a las autoridades de la PNC y Gobernación para que escuchen sus planteamientos.

El objetivo de los vendedores es lograr el apoyo de las 29 asociaciones de comerciantes que son reconocidas por la comuna.

“La reforma es ilegal, porque el problema no se solucionará golpeando a los vendedores”, criticó.

También denunció el supuesto abandono por parte de la comuna a las reuniones de la mesa de negociación, que mantienen en la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

“Ellos dicen que mantienen el diálogo con nosotros pero no asisten a las reuniones”, denunció Ramírez.

Sin embargo, Francisco Baires, encargado del comercio informal de la comuna, manifestó que sí mantienen las pláticas con los comerciantes.

“Ya hemos identificado alternativas de reubicación con algunas organizaciones, pero no con aquellas que son antagónicas”, respondió.

Ocupan varias arterias

La 6a. Calle Poniente, en la zona de la iglesia El Calvario, está nuevamente poblada de champas que los comerciantes construyeron sin permiso de la municipalidad.

El panorama es igual en los alrededores del Palacio Nacional, la Calle Rubén Darío y el Teatro Nacional, en un tramo de la Calle Delgado.

Durante la administración del ex alcalde Héctor Silva fueron declaradas como “zonas recuperadas”, ahora son “zonas tomadas”.

“Se han tomado esos lugares, pero vamos a hacer un nuevo esfuerzo de concertación y a esperar si existe un trabajo integral con el Ejecutivo”, explicó Francisco Baires, encargado del comercio informal de la alcaldía capitalina.

Reconoció que en esas calles están las organizaciones que son “antagónicas” a los planes de ordenamiento de la zona.

Por lo que el desorden reinará en esos lugares, mientras no haya acuerdos entre alcaldía y Ejecutivo.