Inseguridad. Temen que haya pérdida de partes en el sitio donde están los automotores. Foto EDH

La delegada del Viceministerio de Transporte (VMT) en San Miguel, Evelin Morales de Ayala, indicó que los despliegues policiales contra los taxistas piratas están dentro del marco de la ley; y que el proceso de legalización de unidades está cerrado, porque existe saturación en la ciudad.

De esta forma, De Ayala eliminó la posibilidad de ampliar el parque de taxis en la ciudad. “El paquete de 275 permisos lo entregamos el año pasado a tres cooperativas. Ellos trajeron sus documentos y solicitudes en 2001”, explicó.

Según un estudio del VMT, en San Miguel circulan 1,000 taxis legales y 500 ilegales. Mientras que 200 carros de alquiler están en proceso de legalización.

El representante de la Subdirección de Tránsito de la PNC, subinspector Orlando Arévalo, asegura que los vehículos fuera de la ley son usados en hechos delictivos y como no existe control, se libran de las autoridades. Sin embargo, aclaró que los autorizados también se emplean en la comisión de diferentes delitos.

Sorpresivamente 50 taxis que circulan con placas ilegales, fueron retirados de las calles migueleñas y los conductores multados, el jueves por la tarde. Los propietarios de los autos reaccionaron indignados por la medida tomada por la policía, que durante la semana pasada retiró de circulación los que están al margen de la ley.

Ingresos

Juan Pablo Montiel, labora y aceptó ser un pirata. Insistió en que las carencias lo han obligado a realizar la actividad ilegal. Los pocos ingresos los obtiene “taxeando”, con los cuales no sólo mantiene a su familia, sino que también compra sus medicamentos, ya que padece de insuficiencia renal desde hace un año.

“Lo hago por necesidad, estoy enfermo y debo mantener a cinco personas de mi familia. Pido al VMT que nos ayude, pues tenemos obligaciones”, manifestó.

Arístides Palacios se refiere a los riesgos que implica dejar los vehículos en la chatarrera, el lugar donde la PNC deposita los autos detenidos. “Conocemos casos en que han desmantelado los automóviles que llevan a ese sitio y la autoridad no responde a sus dueños por las pérdidas”, se quejó.

“Les garantizamos a conductores y dueños de autos retenidos que estarán bien cuidados”, aseguró el subinspector Arévalo.

Otros explican al VMT, al considerar que no tiene la intención de ayudarlos con sus carros. No hay mecanismos para apresurar la legalización, puntualizaron.

Edgar Hernán Sagastizado, otro de los conductores afectados, manifiesta que se necesitan fuentes de empleo para poder dejar su actual fuente de ingresos, pero tampoco les proveen las alternativas.

Con las esquelas impuestas se espera recaudar unos 3,000 dólares en concepto de multas.