El 18 de agosto. En la trifulca fallecieron 24 reos condenados y seis en detención provisional. Otros 29 resultaron heridos. Foto: EDH

Antonio Soriano
El Diario de Hoy
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Justo cuando el Ministerio de Gobernación discute sobre la crisis carcelaria, la jueza Primera de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de Pena de San Salvador, Dora Margarita Gómez Rodríguez, reveló a los diputados, por medio de un informe, que las autoridades del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, pudieron haber evitado la masacre del 18 de agosto.

Según el documento, siete días antes de la matanza de 31 presos, representantes de la Fiscalía, Procuraduría General y el director de la penitenciería, José Antonio Guzmán, analizaron lo peligroso que era tener a miembros de maras rivales junto a los reos comunes.

En esa misma reunión, cita la carta, se recomendó a Guzmán reubicar a los no pandilleros lejos de los que pertenecen a las maras.

“Esta situación podía generar una crisis, expresando dicho funcionario que él entendía ese problema, pero que él dependía del señor director de Centros Penales y que él no podía tomar decisiones”, expresa el informe, en poder de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento desde el 14 de septiembre.

El mismo documento cita que la jueza sugirió a Guzmán tomar “medidas pertinentes para solucionar y prevenir incidentes en dicha penitenciería”.

Rodolfo Garay Pineda, el director de Centros Penales, aseguró ayer que él no tenía conocimiento de dicha reunión. Es más, el titular desconoció el documento que está en las manos de los diputados.

“La juez está politizando el tema. La Asamblea Legislativa no es la instancia adecuada para resolver una cuestión judicial. Esa es una instancia política y, si ella recurre a la Asamblea, es porque está recibiendo lineamientos”, expresó Garay Pineda.

“Me parece extraño que como juez desconozca las facultades que a cada uno corresponde. Ésta es una cuestión administrativa que tuvo que remitir a las autoridades correspondientes, que no son los políticos”, agregó el responsable de las cárceles nacionales.

Se trató de consultar a la jueza Gómez Rodríguez, pero no respondió el teléfono de su oficina.

Anomalías

En la carta de la funcionaria se hace una fuerte crítica a la administración de Mariona.
Según ella, en el centro penal se extravían documentos de los presos y no se cumple con algunas resoluciones administrativas.

Cita como ejemplo que el 11 de noviembre de 2003, el director de la penitenciería le informó que el interno Víctor Manuel López Rivas había sido trasladado a la cárcel de Ciudad Barrios, en San Miguel.

La razón del cambio era que el convicto, de la MS, tenía problemas con la 18.
No obstante, López Rivas se encontraba aún en Mariona el día de la trifulca y fue una de las víctimas, según consta en un acta firmada por el mismo alcaide y enviada a la juez.

El efemelenista Arnoldo Bernal, presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que el documento vino a confirmar sus sospechas.

“Ya todos conocíamos que la masacre pudo haberse evitado. Era una situación anunciada y que hubo negligencia del director de Mariona y del director de Centros Penales”, aseveró el farabundista.

El diputado del FMLN insistió ayer en que para evitar la crisis carcelaria es necesario remover a las autoridades actuales.

Mario Tenorio, diputado de ARENA, dijo que el problema en Mariona se debe a la falta de presupuesto.

Para el legislador, la jueza es corresponsable en la muerte de López Rivas.

“Ella tuvo seis meses para verificar la situación. El trabajo de ella es vigilar que las acciones se desarrollen”, declaró en alusión a que el reo nunca fue trasladado hacia Ciudad Barrios.

El escrito del juzgado de Vigilancia Penitenciaria fue adjuntado ayer al expediente que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos tiene abierto sobre la riña del 18 de agosto.

El FMLN intentó ayer aprobar un dictamen para recomendar la remoción del Garay Pineda como director de Centros Penales. Por su parte, ARENA pidió a la comisión que el expediente fuera enviado al archivo.

El PCN se opuso a las dos sugerencias y solicitó que se siguiera investigando. El CDU secundó la moción de los pecenistas y el caso continuará abierto.

Saca: “Siempre he dicho que hay algo podrido”

Examen. Un guarda y un sicólogo fueron pillados por consumir narcóticos y alcohol. Foto: EDH

El Presidente Antonio Saca lamentó ayer que algunos jueces de Vigilancia Penitenciaria no hayan asistido a la sesión de consultas organizada por el Ministerio de Gobernación para buscar soluciones a la crisis del sistema penitenciario.

“Yo siempre he dicho que en el sistema penitenciario hay algo podrido, que debemos revisarlo y el ministro (René) Figueroa parece que lo está haciendo con mucha responsabilidad”, manifestó Saca, quien se encuentra en Nueva York, donde hoy disertará ante la Asamblea de las Naciones Unidas.

El gobernante mantiene las esperanzas de poder consultar a los jueces.
“Entiendo que vamos a platicar con ellos, de tal manera, de escucharlos”, dijo ayer el mandatario.

Sobre los resultados obtenidos en los exámenes toxicológicos efectuados a trabajadores de Mariona, donde un sicólogo y un guardia salieron positivos, manifestó que “eso significa que tenemos que cambiar nosotros (desde el Gobierno)”.

El Presidente asegura que no sólo se trata de ampliar penales, sino también aplicar otras medidas, como liberar reos que han cumplido gran parte de su pena y de los que se tenga “confianza”.

El plan, que se analiza en las mesas organizadas por Gobernación, tiene el objetivo de desocupar los reclusorios. No descarta construir nuevas cárceles.