El Diario de Hoy
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Son dos las grandes marufiadas
que se pretenden consumar en la plenaria legislativa de hoy: permitir
que las alcaldías autoricen las chiviaderas que les vengan en gana,
y salvar el fracasado negocio de los parquímetros, engendro éste
de los primeros meses de la alcaldía Silva. Como si no fuera suficiente
todo lo que se ha denunciado respecto al pestilente negocio, o el fracaso
de los parquímetros, instalados por una empresa mixta
que busca mantener un pie en lo público pero con el bolsillo privado.
Las chiviaderas están prohibidas por la Ley de Policía vigente
y que data de 1885, es decir, una legislación sancionada por el
tiempo y que es muy sabia a ese respecto. Valiéndose de otra malandrinada
es que el ex alcalde de San Salvador Mario Valiente autorizó el
establecimiento de salas con tragaperras (the one armed bandit),
pero de las tragaperras se pasó a la gama completa de juegos prohibidos
e infames: ruleta, dados y cartas. En un histórico reportaje de
EL DIARIO DE HOY, se informó que los grupos que en ese entonces
(y sin duda también hoy) manejaban las chiviaderas estaban bajo
control de mafias criminales. La denuncia hizo que un impresentable coronel
hondureño acusara al director y al editor de este diario, contencioso
que retiró después de ser publicadas en estas páginas,
las contundentes pruebas que se habían acumulado.
Lo de los parquímetros es otra célebre movida. Primero,
ajustándose a la efemelenista práctica, se creó una
empresa mixta para evitar concursos públicos y las
fiscalizaciones de la Corte de Cuentas. Luego, para justificar los cobros,
se anuló la disposición constitucional sobre el libre tránsito,
con lo que las municipalidades podían cobrar a los automovilistas
por el derecho de ingreso a la ciudad. Eso como ahora quieren hacer cobrando
por el uso del espacio electromagnético para gravar
las antenas de radiodifusión. El siguiente paso, lo podemos esperar,
será cobrar a las líneas aéreas por el uso
del espacio atmosférico en sus vuelos.
Todo cantón con su chiviadera
La única empresa cuyo giro es instalar y mantener parquímetros
es, como lo señalamos, la mixta fundada por el ex alcalde
Silva y la municipalidad que presidía. Pues ahora se pretende que
en virtud de una ley de la República, la fuerza pública,
incluyendo el anticonstitucional CAM, obligue a los automovilistas a pagar
a una empresa privada, o mixta, dinero por estacionarse en
una calle pública. Es decir, se quiere legislar en beneficio de
un monopolio, lo que es la peor de las prácticas abusivas de cualquier
gobierno. De aceptarse esto, se dejarían abiertas las puertas para
que se vayan estableciendo toda clase de empresas mixtas (con
los bolsillos privados) con protecciones y canonjías estatales.
Respecto a las chiviaderas, asombra cómo no sólo siguen
funcionando, sino los recurrentes esfuerzos para lograr que se extiendan
por todo el territorio. No basta con desplumar a los pobres vecinos del
Gran San Salvador y un par de otras ciudades, sino que se aspira a que
hasta el más humilde cantón cuente con su ruletas, sus dados
y sus tragaperras. Que no haya instituto, o no estén conectados
a la Internet no es lo importante: la gran meta mafiosa es dotarlos de
centros de vicio con su droga y su prostitución organizada.