En la mira. La cúpula castrense del ex presidente Portillo deberá dar explicaciones. Foto: EDH/ Agencias

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El Diario de Hoy
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Fiscales del Ministerio Público tuvieron ayer, por primera vez en la historia, acceso a cuentas que el Ministerio de la Defensa ha mantenido ocultas bajo el precepto de “secreto de Estado”.

El fiscal contra la Corrupción, Celvin Galindo, declaró que el objetivo de la diligencia es seguir el rastro a más de 115 millones de dólares que fueron desviados desde esa cartera y cuya utilización y destino final no han podido ser aclarados.

Para realizar la investigación Galindo necesitó que un juzgado le respaldara ordenando al ejército que permitiera el desarrollo de las pesquisas. Para asegurarse de que así fuera, el juez Víctor Herrera acudió en persona a ver que su orden fuera acatada.

Prohibición

Antes de iniciar la diligencia, Herrera sostuvo una reunión con los fiscales, delegados de la Procuraduría General de la Nación, del ministerio y de la Contraloría de Cuentas, que participan en la diligencia para advertirles que tienen prohibido hablar públicamente de los documentos que vean en los archivos militares.

Les indicó que quien incumpla esa disposición será sometido a un proceso penal, comentó a periodistas.

Un grupo de militares retirados, entre los que están el ex ministro de la Defensa, Eduardo Arévalo Lacs, y el ex jefe de las finanzas castrenses, Enrique Ríos Sosa, hijo del ex dictador Efraín Ríos Montt, intentaron impedir la revisión de los registros financieros y para ello interpusieron un amparo que fue rechazado el jueves por una sala de apelaciones.

Ambos podrían estar involucrados en la malversación y desvío de los recursos, pues ocuparon esos puestos en los años sujetos a investigación entre 2000 y 2004, según las autoridades.

Las transferencias fueron autorizadas por el ex presidente Alfonso Portillo.