Jaime García
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Gloria de La Paz Lizama, Jueza 8a. de Instrucción, es del criterio de que debe prevalecer “el interés supremo de proteger al menor”.

Agregó que se debe castigar penalmente a las personas que contratan los servicios de los “coyotes”, ya que desde que confían a un niño a extraños, le exponen a riesgos.

La juzgadora consideró prudente que El Salvador promueva con Estados Unidos un programa para reunir a las familias separadas por la emigración.

Roberto Arévalo Ortuño, titular del 6o. de Instrucción, calificó de “estúpida”, la propuesta.
“Si se arresta a la pobre abuelita que contrató al coyote por instrucciones de los mismos padres del menor, esto producirá que el Instituto de Atención a la Niñez se sature de menores que van a quedar desamparados”, advirtió Ortuño.

Consideró que con el pretexto de proteger al niño se conseguirá que los tutores, que rondan o están en la tercera edad, terminen sus días en la prisión.

“Es absurdo, es una situación aberrante y sucia”, dijo.
Para el funcionario, se debe aumentar la pena de prisión para los “coyotes”, ya que ellos son los que cometen el delito.

La Jueza 9a. de Instrucción, Nora Montoya, coincidió con Ortuño al estimar que las sanciones contra los traficantes de menores, deben de ser más drásticas.

Consideró que las familias deben medir qué es más importante si arriesgar a los menores o integrarse en suelo estadounidense.

“Es un problema sociológico que no necesariamente debe ser castigado con la cárcel”, reiteró.

El Juez 5o. de Instrucción, Edward Sidney Blanco, opina de que es necesario reprimir a los autores directos y a los indirectos de los que evaden los controles migratorios.

Lea además
	En San Isidro, el sueño de los niños es viajar a EE.UU.

“Si hay personas que contribuyen a que se realice ese tráfico ilegal de personas deben responder como cómplices del mismo”, dijo el funcionario.

Detalló que el que proporciona el transporte, los documentos falsos y los que permiten que un menor se vaya en esas condiciones debería ser cómplices.

La jueza de Ejecución de Medidas al Menor Infractor, Aída de Escobar, dijo que es necesario que se haga cumplir la disposiciones del Código de Familia que manda a los padres de los menores dejarlos al cuido de un tutor.

El abogado Luis Mario Pérez Bennett advirtió que será difícil probar la participación de los familiares, además que tendrían que procesar a los padres de los niños por inducir al delito al encomendar el viaje.