Regresaron. Las vendedoras volvieron a sus puestos ayer en la noche, a pesar de que aún no recuperan su mercadería. Foto EDH

Julio Mejía
El Diario de Hoy
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Las vendedoras del mercado de Cojutepeque a quienes destruyeron sus puestos en las calles el martes, no han podido recuperar su mercadería.

La municipalidad les exige el pago de una multa y trasladarse al mercado número uno.

Las negociaciones no han sido fáciles, a pesar de la reunión pactada ayer entre la comuna, tres directivos de los comerciantes, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), quienes no hayan una solución al tema del desalojo.

Al respecto el concejal, Ernesto Zamora, explicó que en la reunión de ayer esperaban solucionar el problema ocasionado por el decomiso de mercadería realizado la madrugada del martes.

“En la reunión casi logramos que las vendedoras firmaran un acta de desalojo en el cual se señala que tendrían que pagar una multa de 10 dólares cada una, para recuperar sus ventas”, explicó Zamora.

Al final los vendedores se rehusaron a firmar el acta.

El concejal aseguró que en la bodega del Mercado Número Uno permanecen los paquetes debidamente inventariados e intactos.

“Los tenemos clasificados con listones de diferentes colores, que diferencian las tres filas de negocios que ocupaban los comerciantes sobre la Primera Calle Poniente”, detalló el funcionario.

Arruinados

Las quejas de los vendedores son de que los productos que les quitaron están por arruinarse y la alcaldía aún no los entrega y menos han hecho inventarios reales.

“Varios de los productos se deterioran, la alcaldía no los entrega y no han sabido clasificarlos”, indicó Ana Marisol Pino, de la directiva de comerciantes.

Pino enfatizó que en la reunión no se pudo llegar a ningún consenso, porque el concejo les pidió firmar dos actas que estipulan el pago de los 10 dólares por cada comerciante.

“También nos piden que entremos a las galeras del mercado del tiangue, lo cual no aceptaremos”, dijo.

Para confirmar su disgusto por las medidas tomadas, marcharon hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) de Cojutepeque.

Ahí interpusieron una demanda en contra del Concejo por los supuestos daños ocasionados en sus negocios y la pérdida de sus ventas.