Los empresarios temen que el impacto final de un incremento salarial extra para el sector público provoque un descenso en la producción del país el próximo año.

Este resultado se presentaría si el aumento genera, como se cree, un incremento del déficit fiscal.

Los presidentes de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), Rafael Carrillo, y de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), Antonio Burgués, coincidieron, por separado, en que probablemente el Gobierno deberá vender bonos para recaudar las sumas que pagará en salarios.

Esas captaciones incrementarán la deuda interna, así como la competencia del Gobierno en el mercado por captar los recursos de los ahorrantes.

El Gobierno acordó el pasado martes en la madrugada conceder un 0.5% de alza salarial extraordinaria a los burócratas, en el marco del arreglo con grupos sindicales y transportistas que puso fin a ocho días de protestas.

Ya el Gobierno había aprobado un 4.5% de alza salarial a los empleados públicos, correspondiente al segundo semestre del año.

Afectará tasas

Carrillo y Burgués ven muy posible un aumento en las tasas de interés ante la creciente competencia del Gobierno, obligado a vender bonos.

Es decir, para lograr que los ahorrantes prefieran sus bonos, el Gobierno deberá elevar la tasa de interés y arrastrará a todos los demás emisores de títulos diversos en esa misma dirección.

El aumento en las tasas pasivas (las que se pagan a quienes ahorran) obligaría a subir también las tasas activas (las que se cobran por los préstamos).

En ese escenario, los créditos para las empresas se encarecerán. Esto significa que las empresas pagarán más intereses por el dinero que pidan para financiar la producción.

El efecto final será una caída en los planes de producción de las empresas pues no están preparadas para pagar más por el financiamiento.

Pero el impacto real no se puede medir sino hasta en el momento en que esta situación se concrete.

El sector privado también se preocupa por el deterioro de la imagen externa del país generada por la inseguridad jurídica.

La sola disposición del Gobierno a discutir cambios en el contrato con la firma Riteve, a cargo de la revisión técnica de vehículos, es fuente de inestabilidad jurídica, según los empresarios.

Edna Camacho, directora general de la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE), que se dedica a atraer inversión al país, dijo que hasta ahora los inversionistas no tienen una imagen generalizada de que los bloqueos de vías sean la forma de resolver las cosas aquí.

Sin embargo, la semana anterior algunos empresarios interesados en invertir en Costa Rica estaban en el país y no se llevaron la mejor imagen.

Las firmas radicadas en el país también son generadoras de información acerca de los problemas causados por el cierre de vías y los atrasos en la exportación.