Suspendidos. La empresa concesionaria alegó que la paralización de los trabajos le habría causado grandes pérdidas. Foto: EDH/Mauricio Cáceres

Jaime García/Douglas González
El Diario de Hoy
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“Las resoluciones judiciales no son sugerencias, sino órdenes, y si lo son, deben cumplirse y jamás ser puestas en discusión”.

Así lo declaró ayer el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, Marcel Orestes Posada, al referirse a la decisión emitida por un tribunal de la Cámara de Comercio pese a una orden judicial contraria.

El Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara condenó a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) a que pague 214 mil dólares a la empresa privada Drillmasters.

La firma denunció que sufrió perjuicios económicos por la decisión de la compañía paraestatal de suspenderle un contrato para la perforación de 85 pozos por considerarlo “lesivo” al interés público.

Lo que se cuestiona es que la Cámara emitió su dictamen pese a una orden de la Sala de no hacerlo aún.

El magistrado explicó que Anda declaró lesivo al interés público el otorgamiento de la licitación y consecuentemente lo que sigue del contrato. Sin embargo, en el documento se establece que “si existe algún tipo de litigio debe someterse a arbitraje”.

La Sala de lo Contencioso admitió la demanda y ordenó la suspensión del acto que la institución declaró lesivo.

El magistrado agregó que el tribunal que él preside tendrá que emitir una decisión final, por lo que no puede hacer más comentarios en favor o en contra de los interesados.

El presidente de Anda, Manuel Arrieta, confirmó ayer que los 214 mil dólares no corresponden al pago de indemnización, sino por tres pozos que fueron construidos, pero no pagados.

Explicó que debido a que se les suspendió el contrato para perforar los pozos a nivel nacional, no se hicieron los pagos de tres de las estructuras, situados en San Jerónimo, Joya de Cerén y Santa Inés.

“Básicamente se refieren a tres pozos que hizo Drillmaster, y que a raíz de la suspensión del contrato no se pagaron”, recalcó.

Un informe de la Corte de Cuentas en el que se determinó que existen anomalías en la adjudicación del contrato de perforación de los pozos concedido por Anda a Drillmasters, revela que el costo de cada pozo es de más de 620 mil colones.

El funcionario afirmó que los demandantes pidieron tres millones de dólares como indemnización, pero la Cámara lo declaró sin lugar.

Con respecto al desembolso, dijo que se trabaja en un análisis legal y jurídico para determinar si se puede apelar o no. “Se darán recomendaciones a la Junta de Gobernadores y ésta deberá establecer los pasos por seguir”, reiteró.

Arrieta aseguró que analizarán si hubo desacato de la Cámara. Esta entidad declinó comentar el asunto.

¿Desobediencia?

- El Dr. Mario Solano, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional,
explicó que habría que ver si el fallo de la Sala se notificó a las partes involucradas en el asunto, si fue a tiempo y con todas las formalidades.
-“Si son así las cosas y la Cámara resuelve, desobedeciendo a la Sala de lo Contencioso, han caído en el delito de desobediencia, ya que hay una orden dada por un tribunal. En consecuencia debe de ser acatado el fallo”, reiteró.