¿Hasta cuándo se resolverán los problemas que aquejan al servicio de transporte público por autobuses? Parece ser que ninguno de los sectores involucrados, como son las autoridades de transporte y los señores empresarios de autobuses, tienen un real interés por encontrar verdaderas soluciones a la problemática que presenta este servicio.

Por un lado, los transportistas exigen más allá de lo razonable, queriendo buscar una ventaja por la vía económica aumentando el precio del pasaje y, a la vez, presionando por otras concesiones como líneas de financiamiento blandas, no más permisos de líneas, etc. Es lamentable cómo estos propietarios de autobuses se valen de un partido político para hacer de las suyas, irrespetando las ordenanzas legales bajo el amparo del chantaje político, burlándose así de la autoridad rectora del transporte.

Por otra parte, las autoridades del transporte poco hacen, en la práctica, por que se cumpla la normativa legal. Estudios serios sobre los problemas del transporte público se han hecho desde hace varios años, pero sólo han logrado impactar en el peso de los archivos y escritorios de ex funcionarios, que les han servido para ilustrarse y conocer, en papel y lápiz, los problemas y soluciones sin que, hasta el momento, se haya hecho algo positivo por mejorar esta clase de servicio.

Mientras tanto, es el público usuario el que tiene que padecer la indolencia y poca seriedad de ambos sectores por solucionar, de una vez por todas, los problemas que aquejan este servicio. La corrupción en la entrega de permisos de líneas, saturación de unidades en las diferentes rutas, falta de planificación en el diseño y creación de rutas, obsolescencia del parque vehicular, malos tratos de los motoristas al usuario, irresponsabilidad en los accidentes de tránsito, competencia temeraria, etc., son aspectos irrefutables que confirman dicha problemática.

Basta con revisar algunos ar- tículos de la Ley y su Reglamento, para darnos cuenta de la inaplicabilidad por parte de las autoridades del transporte y el incumplimiento de los mismos, por parte del sector transportista. Citemos algunos ejemplos: El Artículo 54 del Reglamento, en sus numerales uno y dos, dice que los autobuses no deben de exceder los quince años de su fecha de fabricación (Artículo 34 de la Ley) y deben garantizar comodidad y seguridad en la prestación del servicio.

En la práctica, ¿será cierto esto? Los artículos 100 y 105 de la ley se refieren a la contaminación ambiental y mediciones de gases y humo, y ¿qué es lo que vemos? ¿Acaso esas nubes grises son premonición de que va a llover o que nos cuidemos los pulmones? El Artículo 93 del Reglamento obliga, como mínimo, dos revisiones técnicas por año. Habría que preguntarse ¿cuántas se han hecho desde que éste se aprobó? Con seguridad que ninguna. Para muestra recordemos el accidente trágico del autobús de la ruta 306, que dejó muchas muertes en el municipio de Carolina, y ¿qué ha pasado con hacer cumplir el seguro obligatorio y fianza del conductor, de que hablan los artículos 110 y 107 de la Ley y su Reglamento? ¿Quién responde por estas personas?

Un último ejemplo: Los ar- tículos, 153, 154, 157 y 159 del Reglamento se relacionan al considerar falta grave, su sanción, suspensión y hasta revocatoria de la concesión de línea por alterar las tarifas. Ahora bien ¿qué ha sucedido? Como reza el dicho: “El que calla otorga”. El silencio se ha vuelto cómplice para que las personas usuarias de este servicio se acostumbren, con el tiempo, a pagar las nuevas tarifas. Sólo falta que, más adelante, se oficialice, quedando ambos sectores en aguas mansas, durmiendo en el sueño eterno los problemas y soluciones al transporte público de pasajeros.

*Economista MAE.
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