Penal de Apanteos. Más de 2000 reos llamados comunes rechazan compartir instalaciones con más de 750 miembros de la Mara Salvatrucha (MS). Foto EDH

Wilfredo Salamanca/ Òscar Iraheta/Francisco Mejía
El Diario de Hoy
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Las autoridades del ministerio de Gobernación han iniciado una etapa de evaluación del personal que trabaja en la Dirección de Centros Penales, desde custodios hasta directores de los diferentes centros penitenciarios.

Los resultados de las evaluaciones e indagación serán dados a conocer públicamente en los próximos días por el Presidente de la República Antonio Saca.

“Estamos revisando toda la estructura del sistema penitenciario”, informó la viceministra de Gobernación Silvia de Aguilar, asimismo admitió que existe una saturación en las penitenciarías y por eso no descartan la posibilidad de utilizar guarniciones militares para internar una parte de la población reclusa.

Aunque aclaró que los centros con el mayor problema de hacinamiento son el penal La Esperanza y la penitenciaría de Santa Ana.

Tienen planificado enviar hacia los penales de Ciudad Barrios, San Miguel, Ilobasco y Cojutepeque a las personas que sean detenidas en los operativos del plan Súper Mano Dura.

Controles

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rodrigo Ávila, informó que crearán una unidad de inteligencia la cual estará conformada por el personal de Inspectoría Penitenciaria y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Esta unidad sería formada para detectar posibles acciones criminales que se planean desde el interior de las cárceles.

“Vamos a detectar a las personas que dirigen crímenes o hechos delictivos en las cárceles para internarlos en prisiones de máxima seguridad”, explicó.

Respecto al control de un presunto tráfico de drogas y armas que se da en los reclusorios, el funcionario admitió que en las cárceles existe ese tipo de ilícitos.

Para contrarrestar esta situación, mencionó que pretenden una revisión del personal que labora en las cárceles y depurar a los que resulten involucrados.

“Las mafias operan en los centros penales. Yo creo que de todos es conocido. De ahí la razón de ser de los penales de máxima seguridad”, reiteró.

Mariona fue el detonante

Las autoridades han enfocado sus investigaciones en el personal administrativo y de custodios de los penales.

- La masacre de 32 reos en la penitenciaría de Mariona, a mediados de agosto, dejó al descubierto el ingreso de armas y drogas en los reclusorios.

- El Presidente Saca ordenó que el Plan Súper Mano Dura incluya la depuración de los custodios y la desarticulación de las mafias de reos.

La Fiscalía General de la República tiene a los primeros ocho testigos que declararán sobre la matanza del pasado 16 de agosto en el Penal La Esperanza, dijeron fuentes oficiales.

En esa ocasión, al menos 31 reos fueron asesinados en un enfrentamiento entre reclusos comunes y pandilleros.

Francisco Bonifacio, jefe de la subregional de Mejicanos, no quiso especificar si se trata de reos o custodios del penal, por la seguridad de ellos.

Agregó que ya se tienen hipótesis e indicios de cómo se inició la reyerta, así como de quiénes probablemente pudieron haberla empezado.

En cuanto a la cantidad de droga que se vende y distribuye en el interior de la penitenciería, el fiscal sostuvo que no tiene cantidades específicas.

Únicamente mencionó que un aproximado de cinco personas eran capturadas cada mes por introducir droga, desde el año pasado hasta la fecha.

Como parte de esas investigaciones, la FGR citó ayer por la mañana al director de Centros Penales, Rodolfo Garay.

Sin embargo, Garay no se hizo presente a la hora establecida, por el estado de emergencia que se vivió en el penal de Apanteos, pero se comprometió a llegar el próximo lunes.