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Evaluación. A final de año, la Procuradora de Carrillo
presentará su informe. Foto: EDH
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W.Salamanca/L.Ábrego
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O. Iraheta/O.González
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
Jueces salvadoreños, como Aída Santos de Escobar o Roberto
Arévalo Ortuño, pidieron ayer a la policía que sustente
bien los procesos contra maras, para no tener que liberarlas.
La moción trajo a la memoria el fantasma de la resistencia de los
juzgadores a aplicar la ley en el plan Mano Dura, el año anterior,
porque el delito de asociaciones ilícitas es difícil
de probar y para ellos, como estaba definido, reñía con
la Constitución.
Con el primer plan se hicieron 16,191 capturas, pero sólo el cinco
por ciento de los apresados está en la cárcel.
Pero el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Ricardo Menesses,
dice que las investigaciones serán tan rigurosas como las que acabaron
con la ola de secuestros a principios de esta década.
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Observan
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Aída
Santos De Escobar
Jueza de 1o. de Ejecución en medidas de menores.
Deben comprobar
Policía y Fiscalía tiene que dar las pruebas
necesarias para comprobar ante el Juez el grado de culpabilidad
que tiene un delincuente capturado.
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Roberto
Arévalo Ortuño
Juez 6o. de Instrucción
Tienen que capacitar
La Fiscalía tiene que realizar más inversión
en recursos humanos y logísticos, pero sobre todo debe de
capacitar constantemente.
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Belisario
ARtiga
Fiscal General
Especializados
Los fiscales se especializarán para fundamentar mejor
los casos. Lo importante no es tanto la cantidad de capturas como
la calidad.
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Con los plagios ocurría algo similar, pero las indagaciones se
blindaron con testimonios de plagiarios confesos y otras pruebas, y los
jueces procedieron.
Ahora se busca fundamentar los casos y que éstos no se caigan
en los tribunales, añadió.
Para ello, el Presidente Saca ha pedido a la Fiscalía General de
la República (FGR) que designe fiscales específicos para
tratar los delitos cometidos por pandilleros.
Menesses instó a la población a denunciar a los pandilleros
delincuentes.
Al respecto, el Fiscal General de la República Belisario Artiga,
manifestó que nombrará magistrados para apoyar a los policías.
Para un mejor procesamiento de los casos, Artiga dice que especializará
a sus agentes. Por el momento no aumentará el personal.
Para el abogado penalista Manuel Chacón, lo más complejo
para la PNC y la FGR será establecer que un grupo se ha reunido
para planificar y cometer una infracción.
Ellos deben comprobar que toda la organización y los miembros
que la componen tienen la voluntad de cometer el delito, sostuvo.
En cuanto al proceso judicial, añadió que deben proporcionarle
al juez los suficientes indicios o evidencias para comprobar que la asociación
era para llevar a cabo un delito y que todos sus miembros estaban de acuerdo
en participar de el.
De lo contrario, advierte, la falta de pruebas hace que los jueces no
puedan avalar los procesos y tengan que dejar en libertad a los pandilleros.
Pero Menesses confía en que si el sistema funciona de la m
isma manera como en los secuestros, no habrá ningún problema.
Así lo espera.
Deben respetar los derechos
La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de
Carrillo, explicó aprobó las medidas que las autoridades
pretenden impulsar en el plan Súper Mano Dura, pero siempre que
se respeten los derechos humanos de los delincuentes, la Constitución
de la República y los tratados internacionales.
La funcionaria sostuvo que no conoce con exactitud el plan salvo por la
información que han dado a conocer los los medios de comunicación.
La funcionaria aplaudió y consideró favorable
la iniciativa por parte del gobierno y la empresa privada en realizar
planes de inserción para los ex delincuentes, a fin de reincorporarlos
a la sociedad y la vida productiva del país.
De Carrillo manifestó que a finales del año hará
una evaluación y presentará un informe sobre las deficiencias,
denuncias y frutos que se obtengan del proyecto.
Par ello pedirá al Presidente Saca que entregé formalmente
una copia del plan Súper Mano Dura, sobre todo que describa el
trabajo operativo y técnico. Desde ese punto se podrá realizar
la evaluación.
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Agrupaciones ilícitas
El Artículo 345 del Código Penal define características
para sancionar a las maras
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Castiga la pertenencia
Determina prisión de
tres a cinco años para los
miembros de pandillas
delincuenciales. A los
cabecillas los castiga de
seis a nueve años.
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Motivos para sancionar
Si se comprueba que dos o más personas tienen algún
grado de organización con el objetivo de cometer algún
delito.
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Penaliza el uso
de la violencia
Es ilegal la realización o utilización de medios violentos
para el ingreso de sus miembros, permanencia o salida de los mismos,
lo cual caracteriza a tales grupos.
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Por apoyar a las
maras
Determina cárcel de uno a tres años para las personas
que promovieren, facilitaren o favorecieren la integración
de maras.
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