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Jueces piden evidencias

Operación. Para garantizar el éxito de la estrategia antimaras, la PNC retomará experiencia en combate al secuestro. La Justicia solicita detalles del nuevo plan

Publicada 1 de septiembre 2004, El Diario de Hoy

Evaluación. A final de año, la Procuradora de Carrillo presentará su informe. Foto: EDH

W.Salamanca/L.Ábrego /
O. Iraheta/O.González
El Diario de Hoy

nacional@elsalvador.com

Jueces salvadoreños, como Aída Santos de Escobar o Roberto Arévalo Ortuño, pidieron ayer a la policía que sustente bien los procesos contra maras, para no tener que liberarlas.

La moción trajo a la memoria el fantasma de la resistencia de los juzgadores a aplicar la ley en el plan Mano Dura, el año anterior, porque el delito de “asociaciones ilícitas” es difícil de probar y para ellos, como estaba definido, reñía con la Constitución.

Con el primer plan se hicieron 16,191 capturas, pero sólo el cinco por ciento de los apresados está en la cárcel.

Pero el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Ricardo Menesses, dice que las investigaciones serán tan rigurosas como las que acabaron con la ola de secuestros a principios de esta década.

Observan
Aída Santos De Escobar
Jueza de 1o. de Ejecución en medidas de menores.


Deben comprobar
“Policía y Fiscalía tiene que dar las pruebas necesarias para comprobar ante el Juez el grado de culpabilidad que tiene un delincuente capturado”.
Roberto Arévalo Ortuño
Juez 6o. de Instrucción


Tienen que capacitar
“La Fiscalía tiene que realizar más inversión en recursos humanos y logísticos, pero sobre todo debe de capacitar constantemente’.
Belisario ARtiga
Fiscal General


Especializados
“Los fiscales se especializarán para fundamentar mejor los casos. Lo importante no es tanto la cantidad de capturas como la calidad”.

Con los plagios ocurría algo similar, pero las indagaciones se blindaron con testimonios de plagiarios confesos y otras pruebas, y los jueces procedieron.

“Ahora se busca fundamentar los casos y que éstos no se caigan en los tribunales”, añadió.
Para ello, el Presidente Saca ha pedido a la Fiscalía General de la República (FGR) que designe fiscales específicos para tratar los delitos cometidos por pandilleros.

Menesses instó a la población a denunciar a los pandilleros delincuentes.

Al respecto, el Fiscal General de la República Belisario Artiga, manifestó que nombrará magistrados para apoyar a los policías.

Para un mejor procesamiento de los casos, Artiga dice que especializará a sus agentes. Por el momento no aumentará el personal.

Para el abogado penalista Manuel Chacón, lo más complejo para la PNC y la FGR será establecer que un grupo se ha reunido para planificar y cometer una infracción.

“Ellos deben comprobar que toda la organización y los miembros que la componen tienen la voluntad de cometer el delito”, sostuvo.

En cuanto al proceso judicial, añadió que deben proporcionarle al juez los suficientes indicios o evidencias para comprobar que la asociación era para llevar a cabo un delito y que todos sus miembros estaban de acuerdo en participar de el.

De lo contrario, advierte, la falta de pruebas hace que los jueces no puedan avalar los procesos y tengan que dejar en libertad a los pandilleros.

Pero Menesses confía en que si el sistema funciona de la m
isma manera como en los secuestros, no habrá ningún problema. Así lo espera.

“Deben respetar los derechos”

La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, explicó aprobó las medidas que las autoridades pretenden impulsar en el plan Súper Mano Dura, pero siempre que se respeten los derechos humanos de los delincuentes, la Constitución de la República y los tratados internacionales.

La funcionaria sostuvo que no conoce con exactitud el plan salvo por la información que han dado a conocer los los medios de comunicación.

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La funcionaria aplaudió y consideró “favorable” la iniciativa por parte del gobierno y la empresa privada en realizar planes de inserción para los ex delincuentes, a fin de reincorporarlos a la sociedad y la vida productiva del país.

De Carrillo manifestó que a finales del año hará una evaluación y presentará un informe sobre las deficiencias, denuncias y frutos que se obtengan del proyecto.

Par ello pedirá al Presidente Saca que entregé formalmente una copia del plan Súper Mano Dura, sobre todo que describa el trabajo operativo y técnico. Desde ese punto se podrá realizar la evaluación.

Agrupaciones ilícitas
El Artículo 345 del Código Penal define características para sancionar a las maras
Castiga la pertenencia
Determina prisión de
tres a cinco años para los
miembros de pandillas
delincuenciales. A los
cabecillas los castiga de
seis a nueve años.
Motivos para sancionar
Si se comprueba que dos o más personas tienen algún grado de organización con el objetivo de cometer algún delito.
Penaliza el uso de la violencia
Es ilegal la realización o utilización de medios violentos para el ingreso de sus miembros, permanencia o salida de los mismos, lo cual caracteriza a tales grupos.
Por apoyar a las maras
Determina cárcel de uno a tres años para las personas que promovieren, facilitaren o favorecieren la integración de maras.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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