Joaquín Villalobos*

El Diario de Hoy

Oxford, Inglaterra. Las conversaciones de la gente común sobre política son normalmente depresivas. Hay un predominio de juicios subjetivos sobre personas y grupos, en vez de juicios objetivos sobre hechos y fenómenos; esto fomenta la idea de que todo está mal y todos son malos, cuando la política es el centro de gravedad para preservar la paz y para que nuestra democracia sea eficaz en resolver la pobreza.

No existe una visión a largo plazo sobre la gobernabilidad y ésta se orienta únicamente a cómo ganar una elección o cómo lograr la aprobación de una ley. Nuestro sistema político es inmaduro, no hay una disciplina democrática y tampoco relaciones estables entre los actores estratégicos de la sociedad.

Con la Constitución Política de 1983 y las reformas que resultaron de los Acuerdos Paz en 1992, El Salvador estableció las bases esenciales de la democracia, terminó con la exclusión política y completó un espectro partidario plural. Desde 1982 hasta la fecha, han sido electos democráticamente cinco presidentes y ocho asambleas legislativas sin cuestionamientos serios a la transparencia de los eventos electorales. Sin embargo, el país es prisionero de una aguda polarización, las parálisis en acuerdos parlamentarios son la norma, los presupuestos de gobierno son aprobados a la mitad del año siguiente, las protestas violentas de calle son recurrentes, las campañas electorales son altamente ideológicas y las crisis entre los distintos poderes del Estado son cotidianas.

Esto se combina con elevados niveles de violencia social y delictiva que en la mayoría de los casos involucran una dramática falta de cultura cívica de todos los salvadoreños. Mientras se habla de los peligros de un ataque terrorista de Al Qaeda, en sólo una semana los caos existentes en el transporte y en el sistema penitenciario dejaron ochenta muertos.

El terrorismo que tenemos en el transporte público está relacionado con el clientelismo de los partidos políticos, el crecimiento de las maras con la ausencia de consenso sobre ley y orden, ambas cosas con la gobernabilidad y todo con la falta de cultura cívica.

Es necesario precisar una agenda de puntos que permita discutir y superar las visiones que sobre la política forjaron los años de dictadura, de rebelión y, más recientemente, de liberalización económica. Los dos primeros fomentaron la intransigencia y debilitaron la capacidad de negociar, y el tercero devaluó y desprestigió la política.

La liberalización económica contribuyó a generalizar formas abiertas o sutiles de antipolítica. El Gobierno era considerado un mal necesario, y los partidos, casi un estorbo. El manejo económico responsable ha sido beneficioso, pero los empresarios, los economistas y los gerentes bloquearon el desarrollo de políticos profesionales. Inventar fórmulas económicas y elaborar leyes ha sido la prioridad; los partidos y los políticos han sido instrumentos secundarios.

Centro América pretende un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, mientras su política todavía sigue en cuarta categoría, con caudillismo en Nicaragua, mafias en Guatemala y Honduras y polarización política en El Salvador. La idea de los economistas y los gerentes es que el TLC lo resolverá todo, pero lo más seguro es que éste producirá choques en los parlamentos y en las calles. Si no hay madurez política, será imposible construir todo el andamiaje institucional que requiere el tratado.

Es imposible abordar con seriedad temas como medio ambiente o política laboral si todo responde a la polarización política. Hay una contradicción entre visiones económicas a largo plazo con unos consensos políticos que sólo permiten irla pasando, mientras se navega en medio de crisis recurrentes.

Tenemos un severo desajuste entre la madurez del sistema político, la calidad de los líderes y los tiempos reales de la democracia, con la impaciencia y urgencia comprensible de unos ciudadanos que demandan derechos sin conocer sus responsabilidades. Las reformas políticas de primera generación transformaron al Estado y sentaron las bases para una competencia transparente y en libertad.

El supuesto era que las libertades garantizaban la calidad de los resultados, pero la realidad es que eso dependía de la calidad de los actores políticos y de los ciudadanos, y sobre éstos no se ha hecho nada para mejorarlos. Producir resultados a partir de la participación de una diversidad compleja de actores y poderes es el reto.

El tiempo de revolución ya pasó, no hay fórmulas económicas mágicas y de nada sirve hacer leyes, si el sentido de legalidad está separado de la cultura de la sociedad. La gobernabilidad demanda una negociación permanente y una responsabilidad compartida que funcionen en medio de la diferencia, del debate, de la crítica y de la interacción positiva de los poderes de arriba con las presiones de abajo.

Hay necesidad de pensar en una segunda generación de cambios políticos orientados a modificar conductas, con la particularidad de que muchos de esos cambios no los logran ni las leyes, ni el crecimiento económico. Cómo lograr que las propuestas de los políticos sean mejores, que las leyes se cumplan, las instituciones funcionen y que los ciudadanos asuman responsabilidades, son las preguntas que necesitamos respondernos.

Es necesario discutir sobre la responsabilidad ciudadana en la democracia; sobre el papel de los medios de comunicación en el fortalecimiento institucional; sobre los espacios de los grupos de presión; sobre el rol de la educación superior en la formación del liderazgo político; sobre las relaciones gobierno universidades, sobre el fortalecimiento institucional de los partidos y sobre la importancia de un consenso político acerca de la ley y el orden.

Los grupos de presión recurren sistemáticamente a la violencia y no han adaptado sus formas de lucha a la democracia. Los gremios empresariales siguen siendo partidistas. Las universidades están polarizadas, han perdido calidad científica, no generan nuevos líderes y no son las retaguardias plurales de la política que deberían ser.

Los medios de comunicación, para responder a las exigencias del mercado, ejecutan la crítica, pero hacen poco por crear cultura cívica. Todo esto se combina con la baja calidad de los partidos y el resultado final es que una sociedad que pudo pactar el final de una guerra, no tiene ahora capacidad de negociar y producir acuerdos en democracia.

Las últimas elecciones fueron un referendo por el sistema, pero el populismo obtuvo el 36% de los votos. Otro dato indica que más del 50% de los salvadoreños desea un cambio. Los riesgos del populismo son reales; lo que está pasando en Venezuela puede reproducirse en nuestro país, aunque no tengamos petróleo; Nicaragua y Bolivia son más pobres que nosotros y tienen el problema. Es un error entonces pensar que la gobernabilidad es preferir en la oposición a los comunistas, porque es fácil ganarles, y al PCN, porque es fácil ganarlo. Eso es superar crisis haciendo crecer a los que las provocan.

La gobernabilidad en el largo plazo requiere cambios de conducta y esto no compete sólo al Gobierno y los partidos, sino a todos los salvadoreños, porque el mejor seguro contra el populismo es la madurez política de los ciudadanos y de los partidos.

*Columnista de El Diario de Hoy.