Jaime García
El Diario de Hoy
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Los trabajos de restablecimiento del servicio de agua en la ciudad de San Miguel, realizado por Seters, al adjudicarse una contratación directa por parte de la Anda el 20 de abril de 2001, fue legal, según dictamen del examen especial practicado por la Corte de Cuentas.

Aunque los peritos determinaron que no existió competencia directa del contrato como lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, había necesidad de agilizar las obras por los daños causados por los terremotos en 2001.

En el Decreto Legislativo número 254, de fecha 14 de enero de 2001, se declaró estado de calamidad pública y zona de desastre en todo el territorio, afectado por el terremoto del sábado 13 de enero de 2001.

La presidencia de Anda, en un acuerdo de fecha 14 de enero de 2001, estableció “declarar de urgencia y contratación directa los trabajos de remoción, reparación y construcción que sean necesarios ejecutar para superar los daños ocasionados por el terremoto en: rotura de tuberías primarias de la red de distribución, roturas de paredes en edificios, tanques de captación y estaciones de bombeo”.

La obra consistió en el suministro e instalación de equipos de bombeo en las estaciones El Molino, La Paz, Belén y Chaparrastique, en el período del 1 de febrero al 3 de abril de 2001, por un costo de 491, 388.58 dólares.

Los ex empleados de la institución distribuidora de agua explicaron que en el acuerdo de presidencia, fechado 15 de enero de 2001, se dejó claro que era de emergencia y que, a pesar de que se invitaba a otras empresas, se proponía a Seters por tener experiencia y recursos.

La Corte explicó que si se hubiera promovido un proceso de licitación de cualquier naturaleza, no se hubiera contribuido a dar una respuesta inmediata a los daños que el terremoto causó en la infraestructura de Anda y que afectaba el restablecimiento de agua.

“El hallazgo ha sido desvanecido con los comentarios y documentación presentada”, concluye la entidad contralora.

Lo malo

No todo fue avalado por la Corte de Cuentas sobre la obra en cuestión.

Los peritos cuestionaron que Anda haya financiado la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

“Se concedió a Seters financiamiento con fondos del mismo proyecto, por medio de descuentos parciales del 10 por ciento”.

En pesquisa

Pasó la prueba La emergencia generada por los daños causados a la infraestructura de Anda le valió a la institución para que pudiera invocar el estado de calamidad pública y la emergencia y así poder entregar un proyecto en forma directa a Seters. Esta acción no fue catalogada como ilegal por los peritos de la Corte de Cuentas.

La Fiscalía sostiene que la empresa Servicios Técnicos y Representaciones (Seters) ganó seis licitaciones de proyectos cedidos por Anda que supuestamente le valieron ingresos de 59 millones de colones.

La Corte de Cuentas investiga cada una de las adjudicaciones y si las mismas estuvieron viciadas para favorecer a la empresa, como supone la Fiscalía.

La presunta amistad entre el propietario de la compañía y el ex gerente general José Mario Orellana, habría sido el pilar del aprovechamiento.

Según las pesquisas, Orellana presuntamente recibió dinero de varias empresas, entre ellas la señalada para adjudicar los proyectos de la paraestatal distribuidora de agua.

Durante las primeras indagaciones fiscales se informó que los contratos entre ambas negociadoras sumaban alrededor de 113 millones de dólares, pero la Corte de Cuentas afirmó que eran sólo seis contratos que llegaban a 59 millones de colones.

Con ese dinero, supone el Ministerio Público, el ex gerente se compró varias propiedades, que supuestamente habría puesto a nombre de algunos de sus parientes cercanos.

De estos fondos, la Fiscalía alcanzó a congelar alrededor de 6 millones de colones de las cuentas de Orellana, quien enfrenta cargos penales por negociaciones y enriquecimiento ilícito en el Juzgado 9o. de Instrucción.