Jaime García
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

La Corte de Cuentas confirmó que tres contratos firmados entre la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) y la empresa Servicios Técnicos y Representaciones (Seters) fueron entregados ilegalmente, según se hace constar en informes en poder de El Diario de Hoy.

El primer proyecto, con fecha 9 de enero de 2000, consiste en el “servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas electromecánicos en todo el país”, por un valor de un millón de colones.

El segundo, de fecha de licitación pública 29/2001 en “el suministro e instalación de equipos para rehabilitar plantas de bombeo de la región oriental, afectadas por los terremotos, con un valor de más de 726 mil dólares.

El tercero, con fecha 22 de enero 2001, consiste en el “servicio de mantenimiento de los sistemas electromecánicos de Anda, a nivel nacional por el monto de más de tres millones de dólares.

Sobre un cuarto proyecto, consistente en “el restablecimiento del servicio de agua en San Miguel, con un valor de más de 491 mil dólares, la Corte determinó que el contrato fue cedido en forma legal, pero que presenta otras anomalías.

Resultados

La institución contralora determinó que en el primer proyecto Anda no realizó contratación pública, sino que fue otorgado directamente a Seters.

Todo proyecto en Anda que sobrepase los 25 mil colones debe estar sujeto a licitación pública, salvo en emergencia.

La Corte no encontró acuerdo de la Junta de Gobierno que calificara de emergencia el proyecto.

En el documento, ex empleados de l autónoma explicaron que la responsabilidad de la adjudicación recaía en la gerencia de producción.

Con respecto al segundo proyecto, en el cual compraron bases de licitación 16 empresas, en Anda se integró un comité de evaluación de ofertas, con el fin de elegir a las compañías con mayor capacidad.

Este comité recomendó como la mejor opción a la Junta de Gobierno a Seters por haber obtenido mayor puntaje dentro de la evaluación técnica, económica y financiera.

Sin embargo, la Corte de Cuentas determinó que “Anda no ejecutó las acciones legales correspondientes por haber firmado Seters extemporáneamente el contrato”.

Se detalló que la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) establece un plazo para la firma.

Ante tal hallazgo, el ex jefe del departamento jurídico de Anda explicó a los peritos que cuando fungió como tal, entre 1998 y 2001, tenía lineamientos que seguir ante la emergencia suscitada por los terremotos y que del proyecto en mención recibió instrucciones de parte de su jefe inmediato José Mario Orellana, ex gerente general.

Indicó que notificó a su jefe sobre la tardanza pero que se le dijo que el contratista estaba fuera del país y dada la emergencia y lo costoso que sería hacer otra licitación se debería de esperar.

La Corte con esa declaración advirtió que confirma la firma del contrato en forma extemporánea.

Con respecto al tercer contrato entregado a Seters, referente al servicio de mantenimiento de los sistemas electromecánicos de Anda a nivel nacional, se confirmó que 21 empresas compraron las bases de licitación.

De éstas sólo 10 entregaron la documentación exigida en el concurso.

Para calificar al ganador se aprobó una nómina de funcionarios que formarían en Comité Evaluador de Licitaciones y Concursos.

Se indicó que la evaluación técnica estuvo a cargo del jefe de mantenimiento de la gerencia de producción, miembro del referido comité.

Seters volvió a ser calificada para el proyecto “por ser la única en participar en este lote”. El asesor legal de la institución emitió un dictamen que avalaba la entrega del proyecto.

En el acta 1778, del 16 de agosto de 2001, la Junta de Gobierno de Anda, acuerda incrementar en un 20 por ciento el monto del contrato por lo que alcanza un valor de 616, 493.28 dólares, para “cubrir actividades de mantenimiento pendientes”.

En su examen, la Corte de Cuentas dejó constancia que no encontró evidencias de la designación del personal que conformó la Comisión Evaluadora de Ofertas, de la licitación referida.

“Sólo dos de ellos estaban incluidos en el personal autorizado por la Junta de Gobierno de Anda, para desarrollar esa función”, dicen los peritos.

En contestación a los señalamientos, el jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones expuso que las designaciones del personal se hacía en forma verbal y en presencia de los jefes que asistían a los comités.

Ex empleados de Anda, advierten que el no dejarlo por escrito el listado no permite evidenciar quienes conformaban los Comités Evaluadores.

Otro de los hallazgos del proyecto es que no se encontró evidencias de devoluciones de los materiales, repuestos y accesorios reemplazados en los trabajos.

Los convenios analizados
Uno: sistema eléctrico Otras anomalías halladas por los peritos es que no hallaron bitácoras de la ejecución del contrato de mantenimiento. Los ex empleados alegaron que nunca se les exigió. Precio de la construcción 1 millón. La Corte no encontró acta de recepción de la obra y pago de $38 mil		Dos: rehabilitar plantas El monto inicial del proyecto fue incrementado en 48 mil dólares más y fue legalizado el 30 de noviembre de 2001. La Corte dice que no fue notificado al consejo de ministros. Costo inicial de la obra 726 mil dólares es el valor del costo del proyecto destinado por la paraestatal.
Tres: mantenimiento Otro de los principales hallazgos en este caso fue que la Corte no halló controles que evidencien los trabajos realizados por la empresa denunciada, a nivel nacional. Valor de los trabajos 3 millones. El jefe de la UACI dijo que desconocía porque no se supervisó.		Cuatro: Restablecer agua Se invocó en esta adjudicación el decreto legislativo 254, del 14 de enero de 2001, en el que se declaró “estado de calamidad pública y zona de desastre en el país”. El cuarto programa 491 mil dólares es el valor de la obra ejecutada en el proyecto.
Recomendaciones “Que la Junta de Gobierno ordene al jefe de la UACI que en todo proceso de adquisición de bienes y servicios se de cumpla la ley”. Documentos “Que las operaciones que realicen las entidades públicas deberán de contar con la documentación necesaria que las demuestre”. Expedientes “ Que toda la documentación de los procesos de adquisición de bienes y servicios se mantenga en expedientes de contratistas”.