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Pedirán datos de mora judicial

Hacinamiento. Los legisladores pretenden acelerar los procesos de sanción de reos. Solicitarán una investigación en el penal.

Publicada 21 de agosto 2004, El Diario de Hoy

Saturación. La falta de espacio en La Esperanza pudo incidir en la masacre del miércoles. Foto: EDH

Francisco Mejía
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa solicitará un informe en detalle de la mora judicial (reos sin sentencia) para analizar desde esa perspectiva la crisis carcelaria.

De acuerdo con legisladores de este equipo, uno de los problemas que causa el hacinamiento en los centros penitenciarios del país se debe al atraso en los procesos judiciales de sentencia.

“Eso nos lleva a tener una gran cantidad de presos que nunca salen porque no son juzgados.

Hemos pedido que nos hagan un análisis de la mora judicial porque allí es donde se forma el cuello de botella”, informó el diputado Rubén Orellana, de la fracción del PCN.

El miércoles de esta semana, el Presidente de la República, Antonio Saca, dejó entrever en conferencia informativa que uno de los factores que había incidido en el amotinamiento en el centro penal La Esperanza (conocido como Mariona) era el hacinamiento causado por la mora judicial.

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Datos estadísticos de la dirección de Centros Penales arrojan que la población reclusa del país es de 12,117; de ellos, 7,494 tienen condena y 4,623 están a la espera de una sentencia. Esto equivale a una mora judicial del 37%, según dichas fuentes penitenciarias.

Mirna Perla, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró a periodistas que descartaba que la crisis penitenciaria se deba a la mora judicial, pues era menor al 50%, y consideró que se trataba del porcentaje más bajo a nivel de Centroamérica.

Mesa

Los diputados se pronunciaron, durante la sesión plenaria del jueves, a favor de la conformación de una mesa de concertación para abordar la crisis penitenciaria.

Arnoldo Bernal, del FMLN, presentó la moción de recomendar al poder Ejecutivo la creación de dicha instancia de diálogo para encontrar, cuanto antes, una solución al problema.

Pidió, además, realizar una investigación en el penal de Mariona, para determinar realmente las causas que originaron el amotinamiento.

Los parlamentarios de ARENA estuvieron de acuerdo en abordar la situación de los reos en una reunión especial.

La petición de hacer el recomendable fue trasladada para su discusión a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.


Saca destaca procedimiento de la PNC

Para el Presidente de la República, Antonio Saca, la Policía Nacional Civil (PNC) actuó con prudencia, durante la refriega en el centro penal La Esperanza, “Mariona”.

Pelotón. En la refriega de la cárcel intervinieron 450 policías. Foto: EDH

Fue enfático al explicar que el reclusorio es un lugar de gran peligro, pero los miembros de la corporación supieron controlar la situación en medio de la crisis.

A su juicio, el resultado del procedimiento, si hubiera intervenido directamente la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), hubiera tenido mayores consecuencias.

La presencia de los antimotines fue únicamente para disuadir a los reos.

“Hubo mucha prudencia y, lamentablemente, yo no le puedo asegurar que esto no se va a volver a repetir, es muy difícil, hay verdaderos asesinos ahí”, sostuvo el mandatario salvadoreño.

Saca insistió que el trabajo realizado por los agentes policiales en Mariona es destacable, en vista de que en el recinto hay reos de gran peligrosidad, asesinos que deberían estar en la prisión de máxima seguridad en Zacatecoluca.

Al ser consultado por la seguridad en los presidios, el gobernante aseguró que serían incrementados los controles de las visitas.

“Para evitar que ingresen objetos corto punzantes, armas blancas, pólvora, clavos, porque con las cabezas de los clavos y la pólvora hacen las bombas hechizas”, indicó.

Para el Presidente de la República, el amotinamiento se debió a un problema interno y reafirmó su decisión de no responsabilizar a Rodolfo Garay Pineda, director general de los centros penales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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