Enrique V. Iglesias*
El Diario de Hoy
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El debate sobre el desarrollo parece reducirse a conflictos ideológicos entre bandos opuestos. Privatización o nacionalización. Liberalización o proteccionismo. Mercado o intervencionismo. No obstante, existe un amplio acuerdo sobre una herramienta para combatir la pobreza y la exclusión social: nos referimos a la microempresa.

En América Latina y el Caribe, las empresas con menos de 10 trabajadores generan la mayoría de los empleos y una parte considerable del ingreso regional. Decenas de millones de familias se ganan la vida en estas diminutas empresas económicas. Y en épocas de crisis, la microempresa ofrece refugio a las personas en los sectores más vulnerables de nuestras sociedades.

El Banco Interamericano de Desarrollo reconoce el papel económico y social que desempeña la microempresa en la región. Durante más de un cuarto de siglo ha dedicado casi 1.000 millones de dólares a programas para apoyar estos emprendimientos, ya sea mediante grandes préstamos para ampliarle el acceso al crédito a todo un país hasta modestos proyectos diseñados para fortalecer a una sola cooperativa. En esos esfuerzos, el BID ha tenido la fortuna de asociarse con algunos de los grandes innovadores en el campo de las microfinanzas y de los servicios de desarrollo empresarial para la microempresa.

El BID y su filial, el Fondo Multilateral de Inversiones, apoyaron en sus primeras etapas a instituciones líderes en la revolución del microcrédito, como Caja Los Andes y FIE en Bolivia, Calpiá en El Salvador y Adopem en la República Dominicana. Junto a pioneros como ACCION International, Banco Mundial de la Mujer, FINCA, Katalysis e Internationale Projekt Consult, estas instituciones microfinancieras han convertido a la obra iniciada por un puñado de idealistas en una industria sofisticada que ha concitado la atención de la banca y de los inversionistas institucionales.

Hoy nos encontramos en el umbral de otro fenómeno: la vinculación entre las remesas enviadas por trabajadores emigrados y las instituciones microfinancieras, las cooperativas de ahorro y crédito y otras entidades financieras creadas para servir a clientes de escasos recursos. Estos enormes flujos de dinero, que este año podrían superar los 40.000 millones de dólares para países de América Latina y el Caribe, están en condiciones de sentar las bases de una democracia financiera. Hasta ahora, sólo una minoría de la población de nuestra región ha tenido acceso al sistema bancario. En un futuro no muy lejano, millones de familias podrán tener la opción de utilizar instrumentos financieros para acumular activos, como por ejemplo los créditos hipotecarios.

Además de ampliar el acceso a servicios financieros a gente de escasos recursos, podremos ofrecerles otras herramientas para aumentar su productividad. La capacitación laboral es una opción clara, pero muchas veces se frustra su cometido porque los cursos ofrecidos o son anticuados o no responden a la demanda del mercado laboral o se organizan en horarios y plazos inconvenientes para personas que no pueden darse el lujo de abandonar sus labores.

La alternativa es estructurar los servicios de capacitación a la medida de los potenciales beneficiarios. En Haití, por ejemplo, el BID espera financiar un programa de capacitación laboral para personas que trabajan en el sector informal, que comprende la mayor parte de la economía haitiana, y que responde a las necesidades sociales y culturales del país.

Sin embargo, esto es apenas un comienzo. En la llamada economía subterránea hay miles de millones de dólares en activos comerciales enterrados, porque sus dueños enfrentan barreras burocráticas para registrar su propiedad o no perciben ninguna ventaja en pasarse al sector formal. ¿Qué ganarían al declarar sus bienes si los servicios básicos del gobierno no les sirven o no los apoyan? Los sistemas judiciales, que demoran años en resolver hasta la más simple disputa comercial, están virtualmente cerrados a efectos prácticos para los microempresarios, quienes no tienen ni tiempo ni recursos para costear litigios interminables.

Cabe preguntarse si corresponde invertir fondos públicos para alentar la formación de emprendedores. Muchos países industrializados ciertamente creen que es una buena inversión. En Estados Unidos, gobiernen los demócratas o los republicanos, la Agencia de la Pequeña Empresa (SBA) provee miles de millones de dólares en préstamos y garantías para ayudar a emprendedores a dar sus primeros pasos. La SBA se enorgullece de señalar que Federal Express, Apple, Intel y Nike figuran entre sus clientes más exitosos. Todos estos gigantes corporativos alguna vez fueron un pequeño emprendimiento.

El dividendo social de este tipo de inversión es evidente: cuando los programas de apoyo a la pequeña y microempresa canalizan sus recursos a grupos que tradicionalmente no han llegado a la cúspide del mundo de los negocios (por ejemplo las mujeres, las minorías raciales y étnicas, los pobres en general) su efecto es abonar los talentos de un sinnúmero de potenciales empresarios.

Esta región podría sacar provecho de tales experiencias. Nuestras investigaciones indican que, a diferencia de los emprendedores en otras partes del mundo, los dirigentes empresariales latinoamericanos suelen surgir de los segmentos de la sociedad con más educación, más recursos y más conexiones. Sin embargo, en algún lugar de los barrios marginales de Buenos Aires, o de Caracas, o de Ciudad de México o de Río de Janeiro o de cualquier ciudad de la región hay personas con potencial de crear los millones de empresas y empleos que necesitamos para erradicar la pobreza. Ayudémoslos a ayudarse a sí mismos.

Esa ayuda no es caridad, es inversión en dignidad.
*Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.