El Diario de Hoy
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Era de esperarse. Después de que un corresponsal del New York Times publicara una extensa, investigada y colorida historia sobre gran afición del Presidente Lula de Brasil por los traguitos, las clavijas están apretándose. Primero el periodista fue expulsado del Brasil sin contemplación alguna. Y ahora el Ejecutivo presenta un proyecto de ley de control sobre los medios noticiosos, que equivale a una vil mordaza.

Como es norma desde siempre, la ley se justifica invocando el interés público, la decencia y la veracidad que debe fundamentar toda noticia, defender a los ciudadanos de campañas mal intencionadas, etcétera. Pero también como es costumbre, se pretende que funcionarios y burócratas apliquen sus personalísimos criterios para definir si una noticia es “veraz” y conveniente.

 Hay más. En la ley de marras se establece un sistema de licencias para autorizar el ejercicio del periodismo. No serán ni los medios informativos ni las personas quienes van a definir quien y cuando hará periodismo, sino una dependencia del gobierno, como en una época sucedía en Costa Rica hasta que la Corte Interamericana lo desautorizó. Obviamente el régimen va a premiar a unos y castigar a otros valiéndose de esas licencias, el equivalente al destierro aplicado al corresponsal del New York Times. No hay una sola dictadura o régimen totalitario en el mundo que no aplique el sistema de licencias para ejercer de periodista; el que se sale del huacal simplemente pierde el permiso a continuar trabajando en un medio, aunque sean sólo publicaciones de propaganda.

El proyecto de Lula chocó de inmediato con la oposición de periodistas y órganos noticiosos, de partidos políticos y hasta de sus propios funcionarios. El ministro de Justicia, Marcio Tomaz Bastos, dijo: “Tengo el compromiso de una vida entera con la libertad de expresión y no aceptaré la posición de censor ni de enemigo de la libertad de prensa”. Y el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), del gobierno, José Genoíno, también se manifestó en rebeldía abierta y llamó a los servidores públicos a “desconocer” el decreto y dar informaciones a los medios de difusión con entera libertad, en una actitud que califica de “desobediencia debida”.  
    
Lo que quiere es perpetuarse

Según el gobierno, “se crearía un Consejo Federal de Periodismo” (CFP), para vigilar la publicación de informaciones que pudieran obstaculizar investigaciones policiales, judiciales, legislativas o administrativas. Con tal fin, se dice, al prestar declaraciones a los medios, los servidores públicos “deberán observar el equilibrio entre la libertad de prensa y la necesidad de secreto para que las investigaciones de delitos o ilícitos administrativos puedan tener éxito”.

 Todo funcionario y régimen comienza tomando la mano para terminar cogiendo el brazo, amén de que deben ser los medios, no los burócratas, los que juzguen si la publicación de informaciones entorpece llevar a cabo una pesquisa. Lo que se derrumba por algo que se publica, no es profesional.

 La real intención tras la anunciada mordaza es impedir que los brasileños, y el mundo, cuenten con los instrumentos para que Lula no se perpetúe en el poder. La libertad de expresión es la barrera más efectiva contra el establecimiento de una dictadura; de allí que una de las primeras medidas adoptadas es perseguir y encarcelar periodistas y clausurar medios.