Explicaciones. La reunión de Enrique Sorto con los diputados duró más de tres horas. Foto EDH

Antonio Soriano
El Diario de Hoy
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José Enrique Sorto, superintendente de Pensiones, reveló ayer a la Comisión Especial de Pensiones de la Asamblea Legislativa que ha solicitado a la Fiscalía General investigar a 37 empresas por el posible delito de apropiación de fondos.

Son empresas que retuvieron a sus empleados las respectivas cotizaciones, pero no las trasladaron a las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

De acuerdo con el funcionario, los empleadores que están en mora con las AFP son 101. Sin embargo, solamente a esas 37 compañías se les ha terminado el proceso de audiencia.

La acusación se presentó con base en el Artículo 245 del Código Penal, que estipula sanción de dos a cuatro años de cárcel para los empresarios que violen la normativa.

“Yo comparto con ustedes que las personas que se quedan con las cotizaciones no tienen por qué andar en las calles”, comentó Sorto.

El superintendente informó, además, que las AFP han abierto cien juicios mercantiles contra otras empresas que han retenido las cuotas de retiro.

“Han iniciado (las administradoras) los juicios por las presiones que nosotros hemos hecho”, afirmó el superintendente.

Sorto aseguró a los diputados que su institución ha multado a los empleadores que no han trasladado los fondos para la jubilación.

Las explicaciones del funcionario no satisficieron a algunos diputados.

Héctor Córdova, del FMLN, acusó a Sorto de ser tolerante con la aplicación de la normativa penal referente a la apropiación de fondos.

“Rechazo contundentemente lo que dice el diputado (Córdova). Hay 104 juicios, no es que sean razonables o no, pero tampoco podemos iniciar una cacería de brujas debido a que hay que respetar un proceso”, argumentó el Superintendente, en alusión a que la entidad realiza una audiencia a las empresas antes de sancionarlas.

Jorge Villacorta, del CDU, aprovechó el alegato del funcionario para lanzar un ataque.

“No podemos aceptar que se tolere la mala fe. Cuando se dice que no hará una cacería de brujas se está equivocando (el Superintendente). Las personas que se quedan con los cobros están haciendo un robo”, aseveró Villacorta.

Acusaciones

Calixto Mejía, del FMLN, interpretó que la Superintendencia no ha castigado a los empresarios y a las administradoras porque está a favor de éstas.

Los legisladores, de todas las fracciones, recomendaron a Sorto que si estima necesario reformar el Código Penal para sancionar con más severidad la retención indebida de las cuotas para la jubilación, que lo solicite a la Asamblea Legislativa.

Los diputados acordaron citar para la próxima semana a Belisario Artiga, Fiscal General, para que informe sobre el avance de las pesquisas.

Sobre la auditoría que realizó la Corte de Cuentas a la gestión 2002, Sorto alegó que esa investigación está desactualizada.

“El 22 de abril de 2004 presentamos un informe de seguimiento, a la Corte, en donde acatamos las recomendaciones. Ese informe es válido posiblemente hasta ese año (2002)”, se defendió el funcionario.

El arqueo reveló que 52 empresas no habían trasladado las cuotas de pensión a las administradoras de fondos. La retención llegó a los $20 millones.