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Definen mecanismos. Los jefes de la fuerza de seguridad se reunieron
ayer para unificar criterios contra los jóvenes criminales.
Foto: EDH/Javier Aparicio
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Wilfredo Salamanca
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
La policía le sigue la pista a cerca de 40 cabecillas de maras
que persisten en sus fechorías.
Casi 40 cabecillas son los que están perfilados a través
de un proceso de investigación, declaró el subdirector
de Seguridad Pública, Pablo Escobar Baños.
El funcionario participó ayer en una reunión con otros jefes
policiales para definir la aplicación de las reformas penales contra
las pandillas, vigentes desde el domingo, las cuales prevén hasta
nueve años de prisión para los líderes de los grupos.
Las disposiciones castigan tales asociaciones ilícitas, así
como la usurpación de viviendas y los desórdenes callejeros
que las mismas promueven.
Desconozco si (los mencionados cabecillas) tienen órdenes
administrativas (de detención), pero el procedimiento depende de
la Fiscalía, agregó.
La estrategia policial para desarticular a las pandillas está orientada
a justificar la captura de su líderes. La otra apuesta es la especialización
antimaras para los investigadores policiales.
Escobar Baños reveló ayer que ha propuesto al director de
la PNC, Ricardo Menesses, la creación de estas unidades.
Viendo la cantidad de hechos delictivos de las pandillas, se hace
necesario que cierto personal se dedique a esa función. Esa será
una decisión del director, pero sí es necesario, para dedicarse
exclusivamente a atacar este tipo de ilícitos, dijo.
Instructivo
La policía ha establecido un instructivo que contiene los procedimientos
que seguirán sus agentes para hacer cumplir los cambios a la legislación
penal y de menores del país.
El documento fue presentado ayer en la reunión de jefes de la corporación.
Para el caso, se explicó que los uniformados podrán detener
momentáneamente a personas indocumentadas que despierten sospechas
de ser delincuentes o reclamadas por la justicia.
En cuanto a la utilización de las llamadas casas destroyer,
que son usurpadas y sirven para que los mareros planifiquen delitos, la
PNC puede ingresar a ellas y ordenar retirar a los ocupantes ilegales.
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Más cárcel. La policía pretende descabezar
a los grupos. Foto: EDH/Javier Aparicio
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Eso no significa que la policía irrumpirá en cualquier
casa desocupada.
La penetración se hará con base en los procedimientos establecidos
por la Constitución y leyes secundarias, afirmó el
jefe del Departamento Jurídico de la PNC, Carlos Argueta.
Otra disposición es que, si un agente policial se encuentra con
una persona sin documentos, puede remitirla al puesto policial cercano,
hasta por seis horas, para investigar su condición legal.
No es que se aprehenderá a cualquier indocumentado, sino
tiene que haber una razón muy seria en la mente del policía
que lo haga presumir que esa persona estaría vinculada a una actividad
criminal, agregó.
Las capturas en mÁs de un año
- La PNC registra la detención de 18,853 mareros desde el 23 de
julio del año pasado hasta la madrugada de ayer.
- Solamente 943 están detenidos. Otros 754 esperan la realización
de la audiencia inicial.
- Las aprehensiones se lograron por el Plan Mano Dura y las dos leyes
antimaras caducadas.
- Con los cambios antipandillas hechos a la legislación penal y
de menores vigentes desde el 8 de agosto pasado, las autoridades policiales
demandan que los jueces no objeten el encarcelamiento de los mareros.
Las pandillas son agrupaciones ilícitas según las enmiendas
Durante el encuentro de los jefes policiales realizado ayer en el Cuartel
Central de la PNC, también se reiteró que una pandilla es
sinónimo de agrupación ilícita y que mediante un
proceso investigativo se comprobará tal condición.
El Artículo 345 del Código Penal establece que una mara
la constituyen dos o más personas que posean algún
grado de organización, cuyo objetivo sea la comisión de
delitos, así como la realización de actos o utilización
de medios violentos para el ingreso de sus miembros, permanencia o salida
de los mismos.
Los miembros de tales grupos serán castigados con prisión
de tres a cinco años.
Y si protagonizan desórdenes públicos, podrían estar
presos hasta cuatro años.
Además, la corporación, junto a la Fiscalía General,
jueces de menores y ministerio de Gobernación, ha comenzado a diseñar
el procedimiento para elaborar un registro de menores delincuentes, para
casos excepcionales.
Según las enmiendas, los jueces podrán autorizar que se
haga pública la imagen o identidad de un menor cuando éste
represente peligro para la ciudadanía.
La policía podrá llevar un registro de los delitos cometidos
por menores cuando la Fiscalía General de la República lo
determine.

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