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Ley suspende conciliación por maltrato intrafamiliar

Prevención. Ninguna mujer podrá arrepentirse de denunciar a su cónyuge por agresión. Una vez hecha la denuncia, no podrá retirar su acusación

Publicada 11 de agosto 2004, El Diario de Hoy

Cooperación. Se espera un mejor trabajo conjunto de las instituciones para erradicar los abusos en el hogar. Foto: EDH/Wilfredo Díaz

Alberto López/Katlen Urquilla
El Diario de Hoy

nacional@elsalvador.com

La nueva Ley contra la Violencia Intrafamiliar, que entró en vigencia antes de las vacaciones agostinas, ya no permitirá arreglos extrajudiciales o conciliaciones en casos graves de violencia en el hogar.

La nueva medida busca evitar que este tipo de delitos se salgan de control y lleguen al maltrato grave o hasta el homicidio, como ya se han dado en otras circunstancias, explicó la magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Mirna Perla.

Y es que a habido situaciones en las que un hombre ha sido denunciado en ocho ocasiones por agresiones a su pareja, pero siempre llega al arreglo o desistimiento.

“El juez tiene ahora que llevar el caso hasta sentencia y no aceptar que la víctima quiera desistir de la acusación si el maltrato es grave”, dijo Perla.

O en el peor de los casos, de hace un par de semanas, que un hombre, supuestamente, mató a una mujer y a una niña, después de que se le siguieron varios procesos por violencia en el hogar.

“El juez podrá dar medidas de protección antes de que le entreguen resultados médicos”.
Mirna Perla
Magistrada de la Corte.

Protección

Otro de los cambios que contiene la nueva legislación es la aplicación de medidas provisionales, mientras se reciben los resultados de los exámenes psicológicos o de salud, de parte de Medicina Legal o de un equipo multidisciplinario.

Esto quiere decir que como medida cautelar o provisional, por ejemplo, se separa a la víctima y al agresor en casas diferentes, para evitar que siga cometiéndose el maltrato.

Con el Código de Familia, reconoce la magistrada, había vacíos, sobre todo en el desistimiento y las medidas de protección, que la recién implementada normativa se espera que se llenen.

De igual forma, como se contemplaba con la ley familiar, si la agresión pasaba al ámbito del delito, como las lesiones muy graves, se tiene la potestad de pasar el proceso al ámbito penal con un juez de Paz.

La magistrada Perla aclaró que a pesar de evitar que las víctimas desistan en casos graves y donde no hay indicio de mejoría de parte del agresor, no quiere decir que se cierra la posibilidad, si no que en los casos donde hay claras señales de cambio, si los equipos de los seis Centros de Atención Psicosocial de la Corte Suprema que existen a nivel nacional.

Lo óptimo es que existieran centros de este tipo en cada departamento, reconoció Perla, aunque es una atribución, según ella, del Ejecutivo y que ha sido tomada por el Judicial.

CASOS ANUALES
3
MIL

es el promedio de casos de violencia intrafamiliar que son denunciados cada año.
HOMBRES
3

por ciento
es el porcentaje de hombres que se atreve a denunciar el maltrato.

Perla abogó por la creación de albergues para las víctimas, tanto para refugiarlas como para darles la atención médica y psicológica.

Hasta el momento sólo el Isdemu (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer) posee un albergue de este tipo, pero sólo cubre San Salvador.

Según datos de la Corte Suprema de Justicia, un promedio de tres mil casos de violencia intrafamiliar son denunciados en los tribunales de familia, cada año.
Sólo un tres por ciento de las mismas sería de hombres maltratados.

Por otro lado, la nueva ley no establece cambios en cuanto a las instancias donde los ciudadanos pueden presentar sus casos: a la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, los tribunales de Familia y de Paz.

En los lugares donde no existen Tribunales de familia y después de las cuatro de la tarde, los delitos pueden denunciarse en tribunales de paz, de lunes a domingo.

Arresto de presunto homicida en estudio

El Juzgado 2o. de Instrucción de Santa Tecla, La Libertad, confirmará en los próximos días la detención provisional y la instrucción de cargos por homicidio en contra de Jorge Funes, acusado de un doble crimen.

Es el principal sospechoso de haber matado a Erika Escobar Nerio, de 23 años, y a su hija Daniela Fernanda, de casi dos años. Los cuerpos de ambas fueron encontrados en Santa Tecla, el pasado 27 de julio.

El imputado, quien se dedica al transporte público con un par de microbuses en la zona de Acajutla, Sonsonate, había sido denunciado en más de una ocasión por violencia intrafamiliar en perjuicio de Escobar Nerio.

Funes fue arrestado el martes 3 de agosto en Sonsonate, mientras intentaba, según las fuentes policiales, extorsionar a una ex pareja suya a cambio de regresarle a un hijo de ambos, al que había privado de libertad desde hacía un par de meses.

Una de las pruebas en su contra es un vehículo, color azul, marca Hyundai, en el que fue visto con las víctimas y que le fue decomisado a la hora de su captura.

También se cuenta con la declaración de la niña de tres años que sobrevivió y que fue recuperada por la autoridad policial.

El sospechoso ha negado los cargos y asegura que es transportista y nada tiene que ver con los hechos que le imputa la policía.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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