Un abanico de instrumentos legales La normativa ofrece ahora herramientas más precisas a las autoridades.

Desórdenes Públicos El Art. 348 del Código Penal castiga los atentados contra la paz pública, obstaculización de vías públicas o accesos.

Son agrupaciones ilícitas El Art. 345 del Código Penal valora la violencia para el ingreso, permanencia y salida de las maras. Hasta nueve años de cárcel para líderes, y cinco para miembros.

Las casas destroyer Se sanciona la utilización u ocupación de bienes inmuebles para realizar conductas delictivas propias de las maras.

Registro de delincuentes La PNC, supervisada por la Fiscalía General, puede llevar antecedentes delictivos de menores.

K. Urquilla/W.Salamanca
El Diario de Hoy
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La investigación y persecución de los líderes de pandillas es la prioridad del plan de trabajo que realiza la Policía Nacional Civil (PNC) para aplicar las reformas antimaras vigentes desde el domingo anterior.

Entre otras cosas, las disposiciones castigan el proceder característico de las maras, como las reuniones para planificar delitos, los desórdenes públicos y la usurpación de casas, además de fortalecer los derechos de las víctimas.

A partir de esta semana, las maras son consideradas como agrupaciones ilícitas. Sus dirigentes pueden ser sancionados con prisión de hasta seis a nueve años.

El subdirector de la PNC, comisionado Pedro Baltazar González, sostiene que para desarticular a las maras serán “más incisivos en la investigación y captura de los su líderes”. Esta labor la realizarán junto a la Fiscalía General de la República.

“Cada articulado genera varias acciones. Y como policía, me interesa el contenido, no la pena, porque eso le corresponde a los jueces”, afirmó.

Añadió que mañana se reunirán con todas las jefaturas para examinar los procedimientos policiales.

Afirmó que han valorado la creación de nuevas unidades policiales, además de que rescatarán los resultados positivos del Plan Mano Dura contra pandillas.

También reveló que ya está aprobada la estrategia de trabajo que la corporación realizará como parte del Plan Súper Mano Dura, que el Presidente Saca hará oficial antes de que finalice el presente mes.

Mientras tanto, jueces, fiscales y policías han comenzado a afinar procedimientos para aplicar los cambios a la legislación penal y de menores del país.

Los mareros no podrán mantener reuniones, sobre todo para planificar delitos o reclutar violentamente a nuevos miembros.

La utilización u ocupación de bienes inmuebles es penada con uno a tres años de cárcel, mientras que por desórdenes públicos, el castigo va de dos a cuatro años de prisión.

Publicación. Hoy será la presentación oficial de los cambios.

La legislación de menores también sufrió modificaciones. La nueva Ley Penal Juvenil sustituye en el nombre a la cuestionada Ley del Menor Infractor.

Además, ya están vigentes las reformas a la Ley de Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas al Menor Infractor.

El Presidente Antonio Saca aprobó las modificaciones el 30 de julio pasado. En esa misma fecha se incorporaron al Diario Oficial.

Jueza inicia semana con tropiezos por Ley Juvenil

Un joven de 17 años que sufre problemas mentales no pudo ser devuelto a su familia ayer, porque las nuevas reformas a la ley aún enfrentan algunos obstáculos.

La Jueza Primera de Ejecución de Medidas, Aída de Escobar, enumeró las dificultades que se le han presentado desde que entró en vigencia la Ley Penal Juvenil.

La primera es con relación a la falta de más datos de los ofendidos en los expedientes, para notificarles de cualquier cambio legal en el proceso contra los infractores.

Ejemplificó que de haber dejado libre al muchacho, les avisaría a los ofendidos, pero no había direcciones para hacerlo. Tampoco lo hizo, porque las víctimas han amenazado de muerte al joven y sería un riesgo si lo hacía.

Otro de los obstáculos es que aún no han creado los centros intermedios para trasladar a los jóvenes. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (Isna) tendría que crearlos.

Éstos servirán para los adolescentes que en el período de internamiento cumplan la mayoría de edad. También los que requieran de tratamiento especializado, como el del joven que menciona la jueza.

“Por el momento, eso es letra muerta”, enfatizó Aída Santos.
En la actualidad, hay más de mil jóvenes en control judicial con expedientes sin actualizar.