Alejandro A. Tagliavini*
El Diario de Hoy
editorial@elsalvador.com
Buenos
Aires. (AIPE).- Las medidas migratorias aplicadas por el Gobierno de Estados
Unidos después del ataque terrorista del 11 de septiembre ya han
ocasionado pérdidas a ese país por más de 30.000
millones de dólares: 25.500 millones por lucro cesante y 5.150
millones en costos indirectos.
Y esto, sin contar con que los inmigrantes siempre benefician al país
que los recibe, porque trabajan y crean riqueza, ya que ningún
empleador tomaría a una persona si su empresa no gana con ello
y nadie sería cliente de la compañía si no se beneficia
con sus servicios o productos. También se beneficia el país
de origen, ya que los inmigrantes suelen enviar remesas a sus familiares.
Y, finalmente, se beneficia la paz mundial, porque los inmigrantes se
entremezclan, fortaleciendo los lazos entre las naciones. Claro que si
hay desempleo, debido a la interferencia estatal en el mercado (beneficios
laborales, salarios mínimos y otras imposiciones coactivas), entonces
podría suceder que los inmigrantes se conviertan en desocupados.
En tal caso, lo que se debe hacer es desregular el mercado laboral, para
lograr pleno empleo.
Según un informe realizado por ocho organizaciones de EE.UU., las
pérdidas de las compañías son consecuencia de transacciones
que no se concretaron debido a los retrasos en la concesión de
visas a hombres de negocios extranjeros.
Hay empresas que ahora no pueden contratar técnicos y profesionales
indispensables para su desarrollo. Cursos de capacitación deben
ser organizados en el exterior para que puedan asistir los empleados extranjeros
que no consiguen visas para viajar a la casa matriz. Las universidades
norteamericanas perdieron alumnos y docentes de todo el mundo.
Estamos a favor de la seguridad, pero las medidas deben reflejar
las realidades, sostuvo Bill Reinsch, del National Foreign Trade
Council. ¿Acaso mejora la seguridad interna al negar la entrada
a personas que no tienen antecedentes delictivos o terroristas? Parece
que no y parece también que los terroristas tienen la capacidad
de realizar sus actos sin que importen estos controles que, en cambio,
perjudican a quienes no pretenden burlarlos.
Además, las discriminaciones no sólo irritan, aumentando
el sentimiento antinorteamericano, sino que hacen de EE.UU. un objetivo
más atractivo para los terroristas.
Reglamentaciones adoptadas en julio de 2002 exigen un exhaustivo control
de antecedentes de personas vinculadas con sectores considerados sensibles
para la seguridad: empresas aeroespaciales, químicas, de computación
y otras. Boeing tuvo que guardar aviones en sus hangares de Seattle durante
meses, porque los clientes no conseguían el visado para que sus
pilotos pudieran ir a buscarlos.
Los países cuyos empresarios tienen más dificultad en viajar
a EE.UU. son China, India, Rusia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala
y México. En enero comenzaron a fotografiar y a tomar las huellas
dactilares de todos los que llegan con visas, lo que produjo un incidente
con Brasil, que adoptó una medida similar con los visitantes de
EE.UU. En septiembre, el mecanismo se extenderá a los europeos
y otros que hoy ingresan sin necesidad de visa.
Pero los europeos no se quedan atrás en la aplicación de
reglamentaciones y barreras para los viajeros extranjeros. Ahora, los
perros y los gatos requerirán pasaporte. La Comisión
Europea emitió una normativa que exige que las mascotas tengan
un documento (la cartilla veterinaria), donde figure la vacuna
antirrábica y el número de microchip.
Como algunos países están teniendo dificultades para implantar
el microchip, el comisario de Salud y Protección de los Consumidores,
David Byrne, después de una gripe que le impedía ejercer
el cargo, aceptó que temporalmente por estas vacaciones de verano,
presenten únicamente la vacunación antirrábica.
En fin, ojalá que a los animales no les dé rabia con las
nuevas trabas burocráticas para viajar, pero si muerden a uno que
otro burócrata estarán expresando el sentimiento de la mayoría
de los demás viajeros.
*Miembro del Departamento de Política
Económica de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración
de Empresas).