Norman Quijano*
El Diario de Hoy
pintorbalaguer@hotmail.com

Uno de los principales derechos y demandas de los salvadoreños es la seguridad, en especial en el área rural, por lo que el despliegue de la policía en este sector contribuirá a la paz social y a reactivar la agricultura, elementos indispensables para el desarrollo económico y social de la población.

En una visita a un cantón de Aguilares, departamento de San Salvador, durante la campaña electoral pasada, don Antonio, un campesino de baja estatura, con unos 60 años encima, se me acercó y me dijo: “Mire, doctor, aquí lo que más necesitamos es que venga la policía para que podamos trabajar y vender el maíz sin peligro de ser robados”.

Padre de seis hijos, el campesino, con sombrero y machete en mano, prosiguió la conversación: “La semana pasada se metieron en la casa de los Martínez y les llevaron las gallinas y todas sus cositas de valor. No podemos dormir bien pensando en que los ladrones lleguen a nuestro ranchito”.

Esta plática con este campesino ilustra la urgente necesidad de mayor seguridad que se requiere en el campo.

La policía rural podrá intervenir en forma preventiva, disuasiva o mediante el uso efectivo de la fuerza, según cada caso, en la protección de los campesinos y los bienes de éstos.

Con suma satisfacción, vemos que nuestro Presidente de la República está cumpliendo con una de sus promesas de campaña: brindar seguridad en el campo.

En su plan de gobierno “País Seguro”, Elías Antonio Saca ofreció una Súper Mano Dura, reconociendo que el Estado tiene la responsabilidad constitucional de realizar todas las acciones conducentes para procurar a los habitantes de la nación la protección, conservación y defensa de los derechos fundamentales, particularmente la vida, la integridad física y moral y la libertad, los cuales se ven permanentemente amenazados por la criminalidad.

En la primera fase del despliegue de la policía rural, más de 90 agentes, entre ellos una mujer, están apoyando la seguridad en el campo de siete municipios de Sonsonate, uno de los departamentos más golpeados por la delincuencia. El mensaje es claro: cero tolerancia a los delincuentes.

La seguridad ciudadana, entendida como las condiciones básicas que requieren las personas para ejercer sus libertades individuales y colectivas, sus derechos ciudadanos y para lograr la convivencia pacífica y la justicia, es fundamental para que los ciudadanos puedan desarrollarse plenamente como personas humanas.

Es por ello que para implementar el Plan Súper Mano Dura también era indispensable reformar las leyes penales, a fin de adecuarlas a las actuales circunstancias, y así la policía, la Fiscalía y los jueces puedan combatir en forma eficaz el flagelo de la delincuencia.

Todos los sectores estamos llamados a cerrar filas para erradicar este problema, que agobia a la población.

Las reformas a los códigos Penal y Procesal Penal, así como a la Ley del Menor Infractor y a la Ley de Vigilancia y Control de Medidas al Menor Infractor Sometido a la Ley Penal Juvenil, tienen la finalidad de estructurar en mejor forma algunos delitos e incorporar nuevas figuras delictivas. Estas modificaciones son herramientas importantes para combatir con mayor eficacia la delincuencia.

Estas reformas, por ejemplo, sancionan con prisión de tres a cinco años la pertenencia a agrupaciones o asociaciones ilícitas (maras), y a los cabecillas, con una pena de seis a nueve años de cárcel.

También ocupar ilegalmente un inmueble, aunque esté abandonado, para planificar fecho- rías será castigado con prisión de uno a tres años.

En este sentido, cada día nos convencemos y es más evidente que la participación de la comunidad en esta tarea es trascendental e imprescindible para poder construir una mejor sociedad.

Los habitantes de cada caserío o cantón se conocen entre sí, saben los lugares donde ocurren con más frecuencia asaltos o quiénes son extraños. Esta información es valiosa para la policía, que está empeñada en llevar tranquilidad hasta los lugares más remotos.

Este binomio policía-comunidad es clave, porque los agentes deben conocer la idiosincrasia de los pobladores de cada zona, tener conocimiento exacto de la dinámica y sentidos comunes propios de la vida campesina, con el propósito de desarrollar con eficacia las tareas de seguridad.

*Subjefe Fracción ARENA.