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| Expedientes. Empleados estatales remueven cajas
con voluminosos legajos de documentos que fueron analizados por técnicos
de Hacienda. Foto EDH |
Katlen Urquilla
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
Al menos 94 licitaciones
por un monto de 44 millones de dólares, realizadas durante la presidencia
de Carlos Perla en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(Anda), son nulas porque faltaron a las disposiciones legales, según
determinó un equipo de peritos oficiales.
Pero éste es sólo el 6 por ciento de las adjudicaciones
que se autorizaron entre 1998 y 2002, es decir, una muestra del universo
de los concursos para obras celebrados entonces y que mayoritariamente
eran ganados por Seters y otras diez empresas, algunas de ellas presuntamente
pagaron sobornos para conseguirlos.
Además de configurar el delito de negociaciones ilícitas
para el ex funcionario y su ex gerente general, Mario Orellana Andrade,
el dictamen llevaría eventualmente a iniciar un proceso civil para
la anulación formal de los contratos y la recuperación de
los fondos que se hayan destinado a tales obras, explicaron fuentes judiciales.
La Jueza 9a. de Instrucción, Nora Montoya, confirmó
ayer que recibió el informe de los peritos del Ministerio de Hacienda
y lo agregó al expediente para resolver en definitiva en la audiencia
preliminar -para decidir si el caso va a juicio-, prevista para el 5 de
noviembre.
La funcionaria explicó que el informe de los especialistas no pudo
determinar la gestión de 29 millones de dólares en otros
concursos que no cumplieron con los requisitos y cuyas obras no fueron
debidamente controladas.
La mayor parte de contratos anómalos se firmó tras el huracán
Mitch en octubre-noviembre de 1998 y los terremotos de 2001, aprovechando
los estados de emergencia que se decretaron y que permitían la
flexibilización de controles para agilizar el traslado de recursos
y ayuda, según consta en el expediente judicial.
Red de corrupción
El principal vicio de nulidad estriba en que Perla nombró, por
un acuerdo interno, a Mario Orellana como presidente de la Junta de Gobernadores
o directiva de la entidad paraestatal, con el propósito de que
hiciera viables las contrataciones que les interesaban.
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Según las autoridades, el ex funcionario no tenía
facultades para ese nombramiento.
Perla y otras 20 personas, entre ex funcionarios y familiares de éstos,
son acusados de participar en una red de corrupción en la distribuidora
paraestatal de agua y de perpetrar fraudes y sobornos por un monto de
más de cien millones de dólares, según las autoridades.
Los peritos trabajaron con base a documentación original secuestrada
a la Anda en meses anteriores.
Ahora la Fiscalía General y la defensa analizarán los resultados
del informe para presentar sus cargos y descargos.
El documento confirma las declaraciones del llamado Testigo 1, que ayudó
a destapar el caso.
El tribunal espera todavía un informe del valúo de los inmuebles
confiscados a los imputados.
Pero lo más determinante será el peritaje a las cuentas
de los acusados en el sistema financiero.
El delito de negociaciones ilícitas tiene una pena de ocho años
de cárcel.
Conducta irregular
1) Mario Orellana fue nombrado presidente de la Junta de Gobierno
por un acuerdo interno.
2) No se publicaron anuncios sobre las licitaciones en los periódicos.
3) No cumplían con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones.
4) Fraccionaron las adjudicaciones, es decir, una obra se la entregaban
a tres empresas diferentes.
5) Suscribieron contratos por montos superiores a los legales.
6) Los gerentes quedaban en libertad de negociar como mejor les
pareciera.
7) No llevaron verificación sobre la marcha y la conclusión
de las obras y los lugares en que se hicieron.
Convenios
44 millones
Es el monto de lo destinado a las licitaciones otorgadas ilegalmente
Sin definir
29 millones
Los peritos no pudieron establecer adónde fueron a parar estos
fondos.