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Compras viciadas

Fraudes. Perla y otros habrían establecido mecanismos no previstos por la ley para favorecer a varias empresas. Los contratos corren el riesgo de ser anulados y las firmas, de tener que devolver los fondos. Un dossier confirma negociaciones ilícitas en la Anda.

Publicada 29 de julio 2004, El Diario de Hoy

Expedientes. Empleados estatales remueven cajas con voluminosos legajos de documentos que fueron analizados por técnicos de Hacienda. Foto EDH

Katlen Urquilla
El Diario de Hoy

nacional@elsalvador.com

Al menos 94 licitaciones por un monto de 44 millones de dólares, realizadas durante la presidencia de Carlos Perla en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), son nulas porque faltaron a las disposiciones legales, según determinó un equipo de peritos oficiales.

Pero éste es sólo el 6 por ciento de las adjudicaciones que se autorizaron entre 1998 y 2002, es decir, una muestra del universo de los concursos para obras celebrados entonces y que mayoritariamente eran ganados por Seters y otras diez empresas, algunas de ellas presuntamente pagaron sobornos para conseguirlos.

Además de configurar el delito de negociaciones ilícitas para el ex funcionario y su ex gerente general, Mario Orellana Andrade, el dictamen llevaría eventualmente a iniciar un proceso civil para la anulación formal de los contratos y la recuperación de los fondos que se hayan destinado a tales obras, explicaron fuentes judiciales.

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La Jueza 9a. de Instrucción, Nora Montoya, confirmó ayer que recibió el informe de los peritos del Ministerio de Hacienda y lo agregó al expediente para resolver en definitiva en la audiencia preliminar -para decidir si el caso va a juicio-, prevista para el 5 de noviembre.

La funcionaria explicó que el informe de los especialistas no pudo determinar la gestión de 29 millones de dólares en otros concursos que no cumplieron con los requisitos y cuyas obras no fueron debidamente controladas.

La mayor parte de contratos anómalos se firmó tras el huracán Mitch en octubre-noviembre de 1998 y los terremotos de 2001, aprovechando los estados de emergencia que se decretaron y que permitían la flexibilización de controles para agilizar el traslado de recursos y ayuda, según consta en el expediente judicial.

Red de corrupción

El principal vicio de nulidad estriba en que Perla nombró, por un acuerdo interno, a Mario Orellana como presidente de la Junta de Gobernadores o directiva de la entidad paraestatal, con el propósito de que hiciera viables las contrataciones que les interesaban.

Según las autoridades, el ex funcionario no tenía facultades para ese nombramiento.

Perla y otras 20 personas, entre ex funcionarios y familiares de éstos, son acusados de participar en una red de corrupción en la distribuidora paraestatal de agua y de perpetrar fraudes y sobornos por un monto de más de cien millones de dólares, según las autoridades.

Los peritos trabajaron con base a documentación original secuestrada a la Anda en meses anteriores.

Ahora la Fiscalía General y la defensa analizarán los resultados del informe para presentar sus cargos y descargos.

El documento confirma las declaraciones del llamado Testigo 1, que ayudó a destapar el caso.

El tribunal espera todavía un informe del valúo de los inmuebles confiscados a los imputados.

Pero lo más determinante será el peritaje a las cuentas de los acusados en el sistema financiero.

El delito de negociaciones ilícitas tiene una pena de ocho años de cárcel.

Conducta irregular
1) Mario Orellana fue nombrado presidente de la Junta de Gobierno por un acuerdo interno.
2) No se publicaron anuncios sobre las licitaciones en los periódicos.
3) No cumplían con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones.
4) Fraccionaron las adjudicaciones, es decir, una obra se la entregaban a tres empresas diferentes.
5) Suscribieron contratos por montos superiores a los legales.
6) Los gerentes quedaban en libertad de negociar como mejor les pareciera.
7) No llevaron verificación sobre la marcha y la conclusión de las obras y los lugares en que se hicieron.

Convenios
44 millones
Es el monto de lo destinado a las licitaciones otorgadas ilegalmente

Sin definir
29 millones
Los peritos no pudieron establecer adónde fueron a parar estos fondos.

Muestra
6% de totalidad
Pero lo investigado es sólo una pequeña parte de lo contratado entre 1998-2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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