Custodia. Miembro de la PNC conduce al marero al Juzgado Sexto de Sentencia de la capital. Foto EDH/Oscar Payés

Jorge Beltrán
El Diario de Hoy
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A cinco años en prisión fue condenado Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias Viejo Lin, cabecilla de la Mara 18, por posesión de armas de guerra.

Igual sentencia deben anfrontar William Enrique Mendoza Yescas y Edgar Mauricio Ramos Galdámez, mientras que Rosa Judith Valladares fue condenada a cuatro años de cárcel.

Estos últimos también pertenecen a la Mara 18. Ayer, durante la vista pública, un tribunal concluyó que a ellos pertenecían 18 granadas de mano encontradas el 5 de enero de 2003, en una casa del Reparto La Campanera, Soyapango.

Fue el tribunal Sexto de Sentencia el que dictó el fallo basado en la declaración de “Lucero”, una testigo clave cuyas revelaciones no fueron tomadas en cuenta en otros dos procesos por homicidio de los que fueron absueltos los pandilleros ayer sentenciados.

José Rodríguez Ayala, defensor de Romero Galdámez, dijo que apelará contra el fallo la próxima semana.

Según el abogado, la Fiscalía no proporcionó suficientes pruebas en el caso; también dijo que la única testigo, “Lucero”, no era digna de crédito, pues en casos anteriores, los jueces no habían dado valor a sus deposiciones y había sido declarada mendaz (mentirosa), por lo que no descarta que sus defendidos le demanden por difamación.

La Fiscalía, en tanto, dijo que la testigo había aportado suficientes detalles como por ejemplo que fue en un microbús de la ruta 41-F que el Viejo Lin y otros pandilleros fueron a traer las granadas hasta Izalco.

Son M-67, de fragmentación. Foto EDH/Oscar Payés

Los imputados afirmaron que “eran víctimas de persecución” y atribuyeron la propiedad de los explosivos al ex director de la Policía Nacional Civil (PNC) Mauricio Sandoval, quien pugnaba, en ese entonces, por probarles conductas delictivas.

Dos de los tres jueces que ayer conformaron el tribunal, Sergio Luis Rivera y Rolando Corcio Campos, fueron reinstalados hace pocos días.

La Corte Suprema les destituyó por favorecer con arresto domiciliario a Raúl García Prieto, quien escapó antes de conocer su pena de siete años de prisión por defraudación a la economía pública en el caso de corrupción en el Banco de Fomento Agropecuario (BFA).

No se sabe de dónde extrajeron las bombas

Durante la audiencia, la defensa de los pandilleros criticó a la fiscalía por no haber siquiera demostrado de cuál guarnición militar fueron extraídas las granadas de fragmentación.

Según la Fiscalía, en un documento la Fuerza Armada negó que los explosivos le pertenecieran.

Luego, en un segundo informe, admitieron que eran parte de su armamento y que pertenecieron al Destacamento Militar Número 6, con sede en Ahuachapán, y que luego fueron reasignadas a otras unidades militares.

Según una fuente fiscal, la procedencia no se pudo determinar, como tampoco quién las facilitó, debido al supuesto desorden que existe en los cuarteles en cuanto al inventario de armamento. Según la testigo “Lucero”, Mendoza Yesca tenía los contactos para obtenerlas por haber sido soldado.