El gobierno ha decidido impulsar cambios en el mercado de servicios de tarjetas de crédito, con el propósito de defender los derechos de los usuarios.

El esfuerzo es liderado por Evelyn Jacir de Lovo, Comisionada para la Defensa de los Derechos del Consumidor. La apoyan la Superintendencia del Sistema Financiero, el Banco Central de Reserva y la Dirección de Protección al Consumidor.

De Lovo aseguró ayer que han solicitado a los proveedores de tarjetas de créditos presentar el próximo 6 de julio, sus nuevos contratos de adhesión a la Superintendencia del Sistema Financiero.

Según la funcionaria se busca que los emisores de tarjetas definan sus contratos de acuerdo al marco legal que exige la ley de la DPC e incluso la Constitución.

Explicó que uno de los problemas que con frecuencia se reportan, con respecto a los contratos de adhesión, es que no transparentan claramente los costos, comisiones y recargos por el uso de las tarjetas.

Otras situaciones están relacionadas con el tipo de letra, así como el uso de términos técnicos.

De Lovo dijo que el martes pasado sostuvieron un encuentro con los proveedores de tarjetas de créditos a los que entregaron formularios de los nuevos contratos.

En el encuentro participaron los bancos: Agrícola, Salvadoreño, América Central, Scotiabank, Promérica, Cuscatlán y Comercio.

A la reunión no asistió el presidente del Banco Uno y Aval Card, Albino Román, quien aseguró que se reunieron posteriormente con autoridades de la DPC para conocer los planteamientos.

“¿Y porque es tan importante la revisión? Porque a un contrato de adhesión simplemente nos adherimos y a veces no nos queda claro cuales son las condiciones en las que nos están vendiendo los productos, la calidad y lo que nos garantizan”, recalcó la comisionada.

“Actualmente un contrato elaborado por un proveedor va a estar interesado en garantizarse todos sus derechos, pero ¿hasta dónde va a garantizar derechos a los consumidores?”, añadió.

Los contratos ya revisados serán publicados el 16 de julio e incluso se revelará, si en caso sucede, que entidad decidió no renovar sus contratos de adhesión. En caso no se hagan las modificaciones, la DPC se reserva el derecho de llamar a una audiencia, amonestar y multar.

Albino Román dijo estar de acuerdo con las revisiones de los contratos e incluso afirmó que ya aplican algunas recomendaciones.

Una de ellas es sobre es el aumento del límite de las tarjetas, el cual se otorgaba por la antigüedad y por el buen uso que hacen los usuarios, sin notificar. Ahora en cambio se informará y si el cliente lo acepta se le hará efectivo.

El empresario dijo que aún no hay acuerdo sobre la tasa de interés moratoria y el cargo por mora, ya que el primero cubre el costo del dinero que se deja de colocar, mientras que el segundo permite pagar los costos de administración por los cobros, a la gente que está en mora.

Mario Cruz, director ejecutivo de la DPC dijo que “lo que se busca es que le den al consumidor las condiciones claras como tasa de interés anuales y comisiones”.

Por otro lado, añadió que la firma Castellanos Campos y Compañía ya audita diez empresas que prestan servicios de telefonía. Habrá resultados en agosto.