Las instituciones microfinancieras de El Salvador impulsarán una estrategia para obtener una mayor participación en el mercado de remesas.

A partir de la segunda quincena de julio, cinco pequeñas financieras distribuirán remesas en 33 puntos del territorio nacional, gracias a una alianza con la compañía estadounidense MFIC.

Ellas son: la Fundación Duarte, Fundación Campo, Apoyo Integral, AMC y la Red Alpime.

“El plan piloto del proyecto se realizará en El Salvador, nuestros compatriotas podrán remitir el dinero desde la nueva oficina de MFIC en Washington y, al instante, las haremos efectivas acá, usando un software especial y el internet”, informó ayer el gerente financiero de la Fundación Duarte, José Duarte.

El empresario dijo quelas instituciones microfinancieras son las más idóneas para realizar las transacciones. “Uno, porque el mercado natural de las remesas es también nuestro mercado, la gente de las zonas rurales; dos, porque los receptores también son nuestros clientes y podemos apoyarlos para que dejen de utilizar el 87% del dinero para gastos corrientes y lo inviertan en sus propias empresas”, explicó Duarte.

Idóneas

La incursión de las microfinancieras juega un papel clave para disminuir los costos de los envíos, por la competitividad que le imprimen al mercado, dijo por su parte el antropólogo Scott Robinson, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de Ixtalapa, México, durante la inauguración del foro: ‘Alternativas de participación de las instituciones microfinancieras en el mercado de remesas en Centroamérica’, en un hotel de la capital.

El catedrático aseguró que las empresas que operan transacciones de valores han reducido las comisiones hasta un 4.4% como promedio del monto emitido, debido a una campaña del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID/Fomin).

No obstante, el “jugoso mercado de remesas”, que en El Salvador promedia los $200 millones mensuales, es una tentación que impide el descenso de los cobros hasta llegar al 2.5%

El investigador propuso crear una “calculadora de costos”, que identifique la cantidad de dinero perdida por los estados mientras prevalezcan las comisiones excesivas.

Además, las asociaciones de inmigrantes, las comunidades y los cooperantes deberán trabajar en conjunto.