Correctivo. Fila de viajeros en el aeropuerto. Autoridades de la terminal tienen un listado de demandados insolventes. Foto EDH/Archivo

Edward Gutiérrez
El Diario de Hoy
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José Alberto llegó al aeropuerto con el tiempo suficiente para no tener problemas en su viaje. Se presentó en la ventanilla de la línea aérea y sus maletas fueron pesadas y enviadas a la aeronave.

Pero el viaje se frustró cuando pasó por el puesto de la Dirección de Migración. No podía continuar a la sala de espera. Su nombre aparecía en un listado de personas que no pueden abandonar el país.

Se le había olvidado que tenía algunas mensualidades atrasadas de la cuota alimenticia con sus hijos. Como José Alberto (nombre ficticio), otra veintena ha pasado o podría haber corrido igual suerte en diversos puntos fronterizos.

El procurador general de la República, Marcos Gregorio Sánchez Trejo, dijo que la medida es producto de reformas legales que cobraron vigencia este año.

Explicó que la institución no actuó por iniciativa propia, sino que fue la madre demandante en este caso quien avisó que el hombre se disponía a viajar. Algo similar ocurrió en los demás casos.

Pero lo principal, externó Sánchez Trejo, es que las madres demandantes alerten a las autoridades cuando sepan que los demandados se disponen a abandonar el territorio nacional.

“La restricción migratoria se mantiene mientras el individuo no pague y garantice que va a responder de esa cuota en el futuro”, dijo el funcionario.
El tiempo en que tarda la Procuraduría para alertar a Migración es de 24 horas.

Sin licencia

Cada mes, un promedio de 600 hombres incumplen sus obligaciones alimenticias y sus nombres son enviados por medio de listados a diversas instituciones para restringirles sus privilegios como ciudadanos.

Una copia va para la emisora de documentos de tránsito, Sertracen, y otra al Ministerio de la Defensa Nacional, con la idea de que a los morosos no se les renueve la licencia o tarjeta de conducir y se les niegue el permiso de portar armas.

Actualmente la agilidad no es la deseada debido a que la Procuraduría no cuenta con el sistema informático que necesita para conectarse en red con instituciones como la anterior.
El funcionario sostiene que no se obtuvieron los fondos en el presupuesto para echarlo a funcionar en este año fiscal.

En enero pasado entraron en vigencia las reformas al códigos de familia y penal para sancionar a los progenitores, hombres y mujeres que se muestran insolventes con el pago de sus cuotas.

En el país se registran 13 mil demandados; de éstos, sólo 600 en promedio llegan a caer en mora y se hacen acreedores a las sanciones administrativas.