Orden. La alcaldía paró los trabajos hace unos meses. Foto: EDH

Lorena Baires
El Diario de Hoy
metro@elsalvador.com

Los propietarios de Torre Altamira le solicitan al ministro de Medio Ambiente, Hugo Barrera, que les escuche, para informarle acerca de los trámites seguidos.

Arnoldo Bracamonte, encargado de la obra, pidió al titular de la cartera que “no haga declaraciones en los medios, sin tener en cuenta nuestra posición”.

“El señor ministro dijo en dos entrevistas de televisión que nosotros no tenemos ningún permiso, que nos hemos salido del huacal y que hemos actuado con dolo en situaciones coyunturales del país. Sólo pedimos que nos dé una oportunidad de mostrarle nuestros papeles”, manifestó el constructor.

En diciembre de 2002, la Alcaldía de San Salvador le pidió que detuviera la obra porque no tenía el último permiso que entrega la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS).

“No me lo dieron porque la alcaldía tomó en cuenta las peticiones de dos vecinos que se oponen a la construcción del edificio. Ellos justificaron ante el Concejo Municipal que mi proyecto obstruía la visibilidad de sus jardines hacia la ciudad. Incluso, me pidieron que les comprara sus vivienda en tres millones de colones”.

La comuna también le pidió que entregara un permiso del ministerio de Medio Ambiente para garantizar que no existan impactos negativos al entorno. Ante esto, Raúl Argüello, dueño mayoritario del proyecto, expresó que “en una zona que ya es urbana, no se necesita ese permiso”.

Bracamonte recuerda que en una reunión sostenida con el Concejo edilicio, el titular de OPAMSS manifestó “que existía un convenio con Medio Ambiente, en el cual OPAMSS definía qué proyectos ameritaban un permiso. Aclaró, que en el caso de la Torre Altamira no era “necesario”.

José Antonio Calderón, director de Asesoría Legal de Medio Ambiente, aclaró que los inversionistas debieron pedir el permiso antes de iniciar la obra. La institución intervino, debido a las denuncias de los vecinos.

“Hasta que ellos presenten el estudio, se les podrá decir si pueden terminar la obra o no. También debemos hacer una consulta pública para escuchar los reclamos, aunque esto no significa que haremos lo que la gente dice, sólo las tomaremos en cuenta”, expresó el asesor legal.