Defensa. El Ministerio de Trabajo aseguró que el TLC proteje los derechos laborales. Foto EDH / Mauricio Castro

El Diario de Hoy
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El debate sobre el acuerdo laboral negociado en el Tratado de libre Comercio (TLC) con Estados Unidos comenzó ayer en frío, entre la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), varios organismos no estatales, autoridades del gobierno y de la empresa privada.

La ministra de Economía, Yolanda de Gavidia, destacó que el nuevo gobierno fomentará la cultura de diálogo entre trabajadores y empresarios, fortalecerá el Consejo Superior del Trabajo, el Ministerio de Trabajo, la inspectoría e impulsará las leyes, con tal de mejorar las condiciones de los empleados y promover la competitividad.

En el mismo sentido, el ministro de Trabajo, José Roberto Espinal, destacó que ya hay enmiendas al Código de Trabajo y a la Ley de Zonas Francas, para que los empleadores respeten y apliquen las leyes laborales. Ejempificó que se sanciona con tres o cuatro años de prisión a los empresarios que se apropien de salarios, cuotas o cotizaciones de los empleados.

“El TLC exige cultura de promoción y protección de los derechos de los trabajadores... vamos a aplicar una supermano dura al respecto”, recalcó.

En seguida, varios empleados del Ministerio de Trabajo repartieron ejemplares gratuitos de la ‘Guía de Derechos y Obligaciones de los Trabajadores’, un extracto del Código de Trabajo.

La otra versión

En contrapartida, Funde distribuyó un folleto donde resume apreciaciones diferentes del acuerdo laboral. Señaló que el país se limita a cumplir una lista de derechos laborales internacionalmente reconocidos, los cuales no reflejan la totalidad de compromisos establecidos en el Código de Trabajo salvadoreño.

“Ello da lugar a que el gobierno pueda modificar o debilitar los derechos laborales que no forman parte de la lista, a fin de promover el comercio y la inversión”, reza el documento de Funde, que a la vez adversa que el Consejo de Asuntos Laborales que operará entre Centroamérica y Estados Unidos, no contempla la participación de los sindicatos, únicamente de los gobiernos de cada país.

El evento continuó sin la presencia de los titulares de Economía y de Trabajo, quienes se excusaron por tener otros compromisos.

Pero, por parte de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) expuso Rigoberto Monge, negociador del sector privado del país, en los TLC, quien se dedicó a explicar por qué el año pasado los empresarios se oponían a que la parte laboral del Tratado quedara como parte de uno de los capítulos del mismo.

Una de las razones, explicó, fue desconocer los planteamientos de Estados Unidos sobre el contenido, motivo superado cuando el tema surgió en la negociación. Posteriormente, el sector empresarial aceptó que el acuerdo laboral fuera parte de los capitulos del TLC, con la condición de que el contenido se centrara en el cumplimiento de las leyes laborales existentes en cada país.

El contenido final del acuerdo impone multas de hasta 15 millones de dólares a los países que infrinjan el TLC, al soslayar el incumplimiento de las leyes laborales por parte de los empresarios de cada nación y sanciona a las empresas con excluirlas del libre comercio, si no acatan el fallo final de las autoridades del país.