El Diario de Hoy
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Desde que inició la subversión comunista a mediados de la Década de los años Sesenta, El Salvador fue convirtiéndose en el país más armado y más violento de Hispanoamérica, sin que se le vea un término a este calvario. Hasta esa época la gente podía transitar a cualquier hora y sin riesgo por todos los rumbos de las ciudades, fuera de unos pocos puntos cercanos a ruidosas cantinas. Pero ahora no hay calle o vecindario seguro, aunque unos son más peligrosos que otros.

De acuerdo con estadísticas publicadas por MAS!, hay ciento noventa mil armas registradas en el país y se desconoce cuántas son las no registradas, clandestinas. Nadie sabe el número de armas que entran ilegales cada mes, ni cuántas fueron encuevadas por la guerrilla previo a la firma de los llamados “acuerdos de paz”. Los comunistas no desmantelaron sus bandas de asesinos, los “comandos urbanos”, sino que enterraron armas tanto aquí en El Salvador como en Nicaragua, donde un arsenal, el llamado “Buzón de Santa Rosa”, estalló, poniendo al descubierto un enorme arsenal y listados de secuestrables en varios países del hemisferio.

¿Cómo resolver semejante problema? Después de una guerra lo normal es que queden muchas armas escondidas; también es costumbre que las autoridades fusilen en el acto al que encuentran in fraganti con una de ellas. Sin llegar a medidas draconianas a ese extremo, se aplica mucho rigor a los poseedores de armas que carezcan de permiso; en Nueva York, la pena son varios años de cárcel si se porta el arma en un lugar público. De aplicarse semejante castigo en El Salvador, un par de centenares de miles de personas irían al bote.

Ya hubo un inteligente aquí que propuso eliminar las armas comenzando por las registradas, pues “se tienen a mano la dirección, el teléfono y todos los datos”. Es decir, comenzar con los honrados, seguir con una parte de los malhechores y olvidarse de los que tienen los alijos de armas bajo tierra. ¡Gran fiesta de asaltantes, secuestradores, robacarros, mareros y toda suerte de maleantes!

 O como se dice en Estados Unidos, cuando las armas se declaran fuera de la ley, sólo los individuos fuera de la ley las tienen.

O pasan insomnes o están muertos
 
 El peliagudo problema, empero, es que en lugar de contratar a una empresa profesional para registrar y mantener la información sobre las armas, se designó a una oficina burocrática que ha hecho muy mediocremente su trabajo. Quienes la visitan cuentan historias de horror, como cajas de proyectiles sin clasificar y que ni la cohorte celestial podría hacerlo. Pese a ello los permisos se extienden, se renuevan y al menos hay manera, cuando alguien se lo propone, de averiguar con cierta probabilidad, de dónde salió la bala.

 Muchísima gente honrada anda armada, porque en nuestras ciudades, calles, barriadas, fincas y caminos rurales pululan los criminales. Además, en el caso de las maras, hay grupos de “derechos humanos” y juzgadores que les protegen, o que al menos no duermen cuando no les queda otro remedio que mandar a los bandoleros a la cárcel. Si no les encierran, entonces los insomnes son los pobres vecinos, los pagadores de planillas, los choferes de buses, los dueños de gasolineras. Insomnes o difuntos.