En la sesión. Durante cinco horas, la comisión nacional escuchó a los miembros del organismo y aclaró las dudas de sus miembros en la sede del castillo Wilson.. Foto: EDH/Lilian Martínez

Lafitte Fernández
Enviado Especial

Ginebra.
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Dieciocho expertos de Naciones Unidas no pudieron ayer, en esta ciudad, dinamitar la ley antimaras que se aplica en El Salvador, durante una larguísima jornada que se realizó en la sede del Alto Comisionado de los Derechos Humanos.

Representantes del Gobierno salvadoreño escucharon, durante cinco horas, a los 18 miembros del Comité Internacional de los Derechos del Niño y los Adolescentes, quienes aceleraron las críticas contra esa normativa aunque, al final, tras escuchar los argumentos locales, ni siquiera recomendaron derogarla.

Mano a mano y cara a cara, 14 funcionarios de la administración del Presidente Francisco Flores plantearon un informe sobre el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y los Adolescentes.

La reunión arrancó en la sede del castillo Wilson, a orillas del lago que rodea la ciudad de Ginebra, y, desde el principio, los 18 expertos de las Naciones Unidas lanzaron sus primeros dardos contra las disposiciones contra las pandillas.

Uno de ellos, Kamel Filali, representante de Argelia, calificó la ley como una estrategia ineficaz para combatir la delincuencia juvenil y consideró que incorpora delitos basados en apariencias, lo cual viola los derechos humanos.

Pero los funcionarios salvadoreños, encabezados por la Licda. Marisol Argueta, representante de la Cancillería, y el ministro de Salud, Herbert Betancourt, emprendieron una ofensiva contra sus detractores que silenció los argumentos contrarios a la ley.

El Gobierno salvadoreño alegó que la ley nació de la necesidad de la ciudadanía, después que un estudio mostrara que el 74 por ciento de los pobladores se sentía víctima de los pandilleros.

Ante las protestas de los expertos de la ONU en el sentido de que se aplicaba la normativa a los jovenes, el Gobierno aseguró que la misma se ha aplicado, de 6,500 detenidos, a menos del 20 por ciento de jóvenes y adolescentes.

“El fenómeno de las maras no es un fenómeno de delincuencia juvenil. La ley se está aplicando, mayoritariamente, a delincuentes con edades superiores a los 18 años”.

Esos argumentos dejaron a los expertos de la ONU silenciados por mucho tiempo, pues sus reclamos se orientaban por supuestos informes que habían recibido en el sentido de que la ley se aplica a adolescentes y niños.

Los representantes salvadoreños aclararon, sin embargo, que, en la segunda versión de la normativa eliminaron la posibilidad de detener a mayores de 12 años.

Esos y otros argumentos llevaron a los 18 miembros del Comité de Naciones Unidas de Defensa de los Derechos del Niño a deslizar, al final de la larga sesión, una recomendación para que se privilegiara la Ley del Menor Infractor.

No se atrevieron a pedir que se derogara la ley antimaras ni a hacer juicios duros contra esas disposiciones como, en un momento, lo esperaba el gobierno.

Quejas

Los de Naciones Unidas también preguntaron, con dureza, sobre otros temas que tocan a la niñez como la desaparición de 700 niños durante la guerra de 1980-1992.
Asimismo preguntaron -y muchísimo- por las comunidades y los niños indígenas, tras calcular que en el país existen unos 600 mil que caminan a la deriva.

Los servicios públicos que se prestan a los niños en las zonas rurales, el papel de la Secretaría Nacional de la Familia, la adopción del Código de la Niñez que se encuentra en análisis de la Asamblea Legislativa, el trabajo infantil prohibido por las convenciones, fueron otros de los temas sobre los que interrogaron.

La representación salvadoreña estuvo formada por el ministro Betancourt; por el Procurador General, Marcos Gregorio Sánchez; y por la viceministra de Educación, Matilde de Quintana.

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También formaron Luis Fernando Avelar, viceministro de Trabajo; Ana María Guerrero, de la Secretaría Nacional de la Familia, y por Delmer Rodríguez, de Gobernación.
A ellos se agregaron Emma Bonilla de Avelar, de la Corte Suprema de Justicia;. Doris Rivas y Marisol Argueta, de la cancillería.

Un equipo de especialistas

Estos son los expertos que examinaron el papel del Estado salvadoreño:
1. Ibrahim Abdul Azis (Arabia Saudí).
2. Ghalia Bin Hamad (Qatar).
3. Joyce Aluoch (Kenya).
4. Saisuree Chutikul (Tailandia).
5. Luigi Citarella ( Italia).
6. Jacob Egbert Dopek (Holanda).
7. Kamel Filali (Argelia).
8. Moushira Khattab (Egipto).
9. Hatem Kotrane (Túnez).
10. Lothar Krapmann (Alemania).
11. Yanghee Lee (Corea).
12. Norberto Liwski (Argentina).
13. Rosa María Ortiz (Paraguay)
14. Awa Deye (Burkina Faso).
15. Marilla Sardenberg (Brasil).
16. Marjorie Taylor (Jamaica).
17. Nevena Sahovic (Serbia y Montenegro).
18. Lucy Smith (Noruega).