Joaquín Villalobos*
Oxford, Inglaterra.
El Diario de Hoy
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Cuando Álvaro Uribe, actual Presidente de Colombia, ganó las elecciones, confiaba que podría mejorar la seguridad, pero dudaba de poder hacer lo mismo con la economía.

A dos años de gobierno la mejora en seguridad es extraordinaria, las guerrillas de las FARC y los paramilitares son derrotados y delitos como homicidio y secuestro han descendido en forma sustancial. El tema es más complicado, pero lo que interesa destacar es que los progresos en seguridad dieron paso a mejoras inmediatas en la economía. La solución de un problema abrió la solución al otro.

En nuestro país hemos tenido grandes logros en seguridad, pero estamos retrocediendo a consecuencia de la polarización política. El asesinato de Federico Bloch, el ejecutivo empresarial más importante de Centro América; la reciente destrucción de bienes públicos y privados por simpatizantes del FMLN; la ubicación de El Salvador como el segundo país del mundo en muertes por accidentes de tránsito y la internacionalización de "la mara salvatrucha", evidencian una crisis que combina factores sociales, políticos, ausencia de cultura ciudadana y problemas de eficacia policial y jurídica.

No es posible progresar económicamente ni reducir la pobreza, sino hay seguridad y ésta es algo más que policías en la calle. Seguridad son los programas sociales que previenen el delito que resulta de la pobreza extrema, seguridad es construir ciudadanía enseñando el valor de cumplir la ley, seguridad es tener políticas que disuaden a los que pretenden delinquir y seguridad es poder usar la fuerza y procurar justicia eficaz para castigar a quienes cometen delitos.

El problema requiere atención desde diferentes direcciones, pero el tema medular es la existencia, o no, de un consenso político mínimo sobre ley, orden y monopolio del Estado en el uso de la fuerza. Sin ese acuerdo básico entre los partidos políticos, no se pueden administrar positivamente las diferencias normales existentes en cualquier sociedad entre lo preventivo y lo represivo.

Durante décadas vivimos bajo un sistema autoritario, en esa condición era lógico cuestionarle al Estado el monopolio de la fuerza, ya que éste era el principal generador de impunidad. Por ello, el acuerdo de paz fue por sí mismo un consenso básico sobre ley y orden y, fueron puntos centrales del mismo la independencia del Poder Judicial y la protección de los ciudadanos de posibles abusos de poder, asegurando la neutralidad efectiva del poder coercitivo del Estado (Policía y Fuerza Armada). El punto es que ese consenso se ha venido debilitando y el reciente resultado electoral nos ha colocado, sin exagerar, al borde de un precipicio. Las fuerzas políticas de oposición que aceptaban la legalidad, perdieron su espacio legal y la fuerza de oposición que cuestiona la legalidad, lo ensanchó.

Los partidos políticos son para generar estabilidad, y su papel es ayudar a dirimir pacíficamente los conflictos, sin embargo, cuando instrumentalizan su espacio de poder para incentivar la violencia y cuestionar sin razones válidas el orden democrático, se convierten en generadores de inseguridad. Que un partido tenga ideas comunistas o nacionalistas de derecha, no es problema, el método que invoca para lograrlas es lo sustancial. Que grupos de presión realicen protestas es parte de la democracia. Que jueces y policías, como individuos, simpaticen con cualquier idea política es inevitable y normal, siempre que no asuman militancia. El problema surge cuando un partido legal convoca constantemente al desorden público.

Los intentos de preservar el orden generan así la idea de que la Policía está defendiendo al partido de Gobierno y reprimiendo a otro partido del sistema, algo similar comienza a ocurrir con la justicia. Los debates democráticos se convierten en crisis políticas graves y cualquier propuesta de orden se vuelve sospechosa, así se trate de combatir pandillas, evitar accidentes de tránsito o perseguir al crimen organizado.

La neutralidad y la independencia en la procuración de justicia se comienzan a destruir y policías y jueces se ven obligados a tomar partido. Los señalamientos de que los militares están comenzando a controlar la PNC por arriba, mientras los comunistas la van tomando por abajo, al tiempo que otros consideran que el Poder Judicial está bajo control del FMLN, son señales del problema, aunque todavía no sea exactamente así. Discusiones normales sobre eficacia de la fiscalía, marco legal de las decisiones de los jueces, errores de investigación policial, derechos humanos, orden público, énfasis en prevención o represión, o legalidad de una ley anti maras se deforman, hasta convertirse en confrontación de poderes, dejando a los ciudadanos desprotegidos.

En Venezuela la inseguridad ha crecido de forma dramática a consecuencia directa de la polarización política y la composición de la Corte Suprema fue modificada recientemente para favorecer al gobierno. En Nicaragua, los temas de justicia se resuelven de forma descarada por vía política. La jueza que ordenó apresar al ex presidente Arnoldo Alemán por indiscutibles actos de corrupción, exhibió sin tapujos su militancia política en una concentración pública del Frente Sandinista y Alemán podría quedar impune a partir de un acuerdo político con Ortega. Estos son ejemplos de hasta adonde podemos llegar.

El debilitamiento de las instituciones puede abrir espacio para que el crimen organizado recupere terreno y para que las maras y los delitos comunes se multipliquen. En democracia, si no hay fortaleza institucional, no son posibles como estrategias de seguridad, ni la mano dura, ni la tolerancia con fines pedagógicos. Esa fortaleza sólo es posible si los partidos tienen un consenso básico sobre ley y orden y le reconocen al Estado el monopolio de la fuerza. Hay una crisis en seguridad a las puertas y ésta sólo se puede evitar si se revierte la polarización política. Que el FMLN tenga ideas diferentes a las de ARENA sobre como resolver los problemas de seguridad no es lo sustancial.

El problema es que a los comunistas no les interesan la ley ni el orden, sino lo contrario. Éstos han convertido un partido del sistema en una peligrosa mezcla, que es al mismo tiempo grupo de presión que organiza desórdenes públicos, movimiento político que invoca la violencia revolucionaria y fuerza política legal que bloquea la gobernabilidad. Las divisiones, expulsiones y disidencias del Frente están vinculadas con esto. Las arbitrariedades e ilegalidades de los comunistas contra sus opositores al interior del FMLN irán en aumento.

La invasión de la polarización política en el Poder Judicial hará cada vez más difícil impedir, por vía legal, que los comunistas se tomen totalmente el FMLN. Sin la existencia de otros partidos de oposición y frente a la inviabilidad de fundar nuevos, tampoco hay forma de contener el problema por vía política. La gobernabilidad será así cada vez más difícil, la alternancia se mantendrá como amenaza, la inseguridad aumentará y sin seguridad no hay posibilidad de mejorar la economía.

*Columnista de El Diario de Hoy.