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Para el nuevo gobierno
Retos socioeconómicos

La justicia debe aplicarse sin privilegios ni distingos de personas o grupos. En esta dirección la libertad, el derecho y la obligación de la persona deben estar en correspondencia con el marco constitucional.

Publicada 17 de mayo 2004, El Diario de Hoy

Jorge Peña Villacorta*
El Diario de Hoy

editorial@elsalvador.com

El nuevo Gobierno, que pronto tomará la dirección ejecutiva de nuestro país, deberá enfrentar grandes desafíos para asegurar o garantizar el camino hacia una economía de mercado con sentido social. Uno de los pilares fundamentales será garantizar un crecimiento económico con rostro humano; es decir, una economía cuyos frutos se reflejen en una mejor distribución. En este sentido, crecimiento económico y desarrollo social tienen que interpretarse como objetivos complementarios, recíprocos y armónicos.

En todo crecimiento económico, están la productividad de las personas y la transformación de las estructuras productivas. En esta dirección las políticas sectoriales deberán enfocarse en elevar el capital humano, otorgando más apoyo a la educación, en especial en los niveles técnico-formativos superiores, así como una mayor inversión social traducida en más cobertura en salud, vivienda e infraestructura de comunicación.

Obviamente, el crecimiento económico debe de sustentarse en un fuerte apoyo a la reconversión productiva, con criterios tecnológicos adaptados tanto a las necesidades del mercado nacional como regional y global. En este camino, no debemos olvidar que los procesos de reconversión industrial y agroindustrial, juegan un papel importante en la transformación productiva, y permiten una adecuada apertura de nuestra economía que busca, en gran medida, no sostenerse de las famosas remesas familiares y de la exportaciones de productos maquilados, sino apoyar su crecimiento en la demanda externa mediante la competitividad basada en tecnología apropiada y en una diversificación de sus productos con mayor valor agregado nacional.

A la base de este crecimiento económico, es imprescindible la libertad empresarial como motor de dicho crecimiento. Las políticas públicas deben proveer un mayor apoyo a la iniciativa privada, de tal manera que se incentiven no sólo aquellos sectores que poseen un fuerte capital y apoyo financiero, sino también, los sectores que se identifican con la micro, pequeña y mediana empresa, que deberán ser privilegiados con políticas económicas que ayuden al cambio tecnológico, cambio en sus estructuras productivas, apalancamiento financiero y una mejor calificación de recurso humano. Este apoyo definitivamente incide en el combate frontal a la pobreza y le disminuye la carga social al Estado.

La situación de nuestro país demanda, también, que esta libertad empresarial sea responsable con el enfoque social, el cual deberá contener, al menos, tres puntos importantes. Primero: Un Gobierno que garantice claramente las reglas del juego con una normativa jurídica y estable, que genere confianza a la inversión. Segundo: La libre competencia como condición sine qua non para generar una mejor dinámica en el libre acceso al mercado. Y tercero: Evitar distorsiones en el mismo, que permitan la conformación o consolidación de grupos económicos, que atenten contra esa libertad, o bien, que se delimiten en su accionar, siempre y cuando las condiciones económicas y del mercado así lo permitan.

Acompañando a estas políticas económicas, deberá replantearse la política fiscal, de tal forma que permita al Gobierno una mayor recaudación tributaria, sustentada en un mayor control fiscal para evitar la evasión y elusión, así como redireccionar el tributo de tal manera que los que ganan más paguen más.

El próximo Gobierno deberá basar toda su actuación bajo el principio de un Estado de Derecho, en el cual se respete o se delimite la autoridad de los funcionarios públicos enmarcándola a un orden jurídico, en donde la injerencia de un órgano del Estado hacia otro debe evitarse; esto es por aquello de la intromisión o inapropiadas atribuciones que hemos visto entre los órganos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cumpliendo así con las funciones claramente establecidas por nuestra Constitución Política.

La justicia debe aplicarse sin privilegios ni distingos de personas o grupos. En esta dirección la libertad, el derecho y la obligación de la persona deben estar en correspondencia con el marco constitucional.

Finalmente, es necesario enfatizar y dejar bien claro que el medio para alcanzar el crecimiento económico es el mercado y su finalidad debe ser el desarrollo social.

*Economista, MAE.
Email: jpvillacorta@ hotmail.com

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