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Saca aplaude proyecto de ley antiagitadores

Los abogados estudian las fallas que impiden encarcelar a los grupos violentos

Publicada 8 de mayo 2004, El Diario de Hoy

Wilfredo Salamanca/ Enrique Miranda
El Diario de Hoy

nacional@elsalvador.com

La propuesta que presentó el Ministerio de Gobernación para crear una ley antidisturbios encontró a Saca en México, pero de igual forma la apoyó.

Y es que al mandatario, que ha recibido amenazas del FMLN de generar desestabilización social, le serviría como una buena herramienta.

“El país necesita instrumentos que le permitan a las autoridades restablecer el orden. Es importante mandar el siguiente mensaje: El Salvador es libre, debemos respetar a todos los salvadoreños, no podemos evitar el libre tránsito, no podemos quemar vehículos. Eso está penado por la ley”, dijo Saca en referencia a los disturbios ocasionados por sindicalistas en la capital.

El futuro gobernante también aprovechó para responsabilizar al partido de izquierda FMLN de los disturbios en los que hubo quema de vehículos y daños a la propiedad privada.
“Es una clara decisión del FMLN de provocar desórdenes, de cumplir la promesa del diputado Schafik Handal de interrumpir no sólo a la instalación de nuestro gobierno, sino que evitar que podamos llevar adelante nuestro proyecto”, dijo.

La exoneración de la mayoría de delitos a sindicalistas del Seguro Social y otros sujetos capturados en los disturbios del 28 de abril ha motivado a un equipo jurídico del Gobierno a trabajar en un proyecto de ley contra agitadores.

Extraoficialmente se sabe que en la elaboración del proyecto participan los abogados Francisco Bertrand Galindo, Rafael Flores y Flores, y Elmer Rodríguez.

El Presidente Francisco Flores dijo ayer que “es una propuesta a ser discutida por la Asamblea Legislativa” para que la depure, perfeccione o modifique. “Nadie quiere una autoridad arbitraria, que le impida a los ciudadanos, manifestarse en un país libre”, agregó el mandatario.

La viceministra de Gobernación, Silvia Aguilar, expresó ayer la ley se enfocaría en los grupos violentos. Los jueces, explicó, tendrían más herramientas para valorar las evidencias.

 

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