Disturbios. La ley pretendería combatir la impunidad. Foto EDH

Wilfredo Salamanca
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

La exoneración de la mayoría de delitos a sindicalistas del Seguro Social y otros sujetos capturados en los disturbios del 28 de abril, ha motivado a un equipo jurídico del Gobierno a trabajar en un proyecto de ley contra agitadores.

Extraoficialmente se sabe que en la elaboración del proyecto participan los abogados Francisco Bertrand Galindo, Rafael Flores y Flores, y Elmer Rodríguez.

El Presidente de la República, Francisco Flores, dijo ayer que “es una propuesta a ser discutida por la Asamblea Legislativa” para que la depure, perfeccione o modifique. “Ahora, nadie quiere una autoridad arbitraria, que le impida a los ciudadanos, manifestarse en un país libre”, agregó el mandatario.

Mientras la viceministra de Gobernación, Silvia Aguilar, expresó ayer que tras la resolución del Juzgado 8o. de Paz han comenzado a trabajar “en un proyecto de ley para tratar de colaborar en que se pueda dar una buena administración de justicia, como esperan todos los salvadoreños en estos actos de terrorismo, este tipo de marchas que agreden, que dañan la propiedad privada, y que lesionan a las personas”.

	Lea además
	Saca aplaude proyecto de ley antiagitadores Los abogados estudian las fallas que impiden encarcelar a los grupos violentos.

La funcionaria sostiene que es necesario reforzar algunos aspectos, para que los jueces también resuelvan en base a la sana crítica y la valoración de pruebas. Menciona que en el proceso judicial por los incidentes violentos frente a Catedral, hubo pruebas que la Fiscalía presentó; no obstante, el juez las desestimó.

Bosquejo

Las autoridades de Gobernación tratan de determinar las figuras jurídicas y delictivas que se establecerían.

Reconocen que algunos delitos que se producen en disturbios ya están contemplados en el Código Penal vigente. Sin embargo, estudian si hay fallas en la calificación de los hechos, o la valoración de las pruebas. También buscan reforzar los procedimientos penales por casos de disturbios.