Sergio Muñoz Bata*
El Diario de Hoy
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Conforme aumentan las cárceles privadas para indocumentados secuestrados por coyotes, las autoridades plantean obligar a la policía a cooperar con la “migra”, en vez de replantearse una reforma profunda a la política migratoria del país Lo verdaderamente sorprendente de una historia de la vida real, recién escenificada en un barrio de la ciudad de Los Ángeles llamado Watts, es que una vez descubierto el encierro ilegal de 110 inmigrantes indocumentados procedentes de Ecuador, México, El Salvador y Guatemala, en un pequeño bungalow apenas capaz de albergar a una pareja de adultos, nadie se mostrara sorprendido.

Un vocero de la policía local declaró que no era nada extraordinario que los inmigrantes recién desembarcados vivieran en esas condiciones. Confesó que cada día aumenta el numero de casas-cárceles como ésta, en la que los coyotes encierran a sus víctimas hasta que sus familiares pagan el rescate, que en algunos casos llega a los $9,000 dólares por persona.

Los vecinos también se imaginaban, con asombrosa precisión, lo que se ocultaba al interior de la casita con ventanas tapiadas con madera y barras de hierro, y puertas encadenadas. Hacía por lo menos dos años que observaban cómo, al caer la noche, de una camioneta blanca bajaban grupos de entre siete y diez personas y entraban a la casa.

A ningún vecino se le ocurrió jamás llamar a las autoridades. Tal y como declaró uno de ellos, no había buenas opciones, pues hacerlo implicaba exponer a la deportación a personas que habían soportado sacrificios durante largas jornadas llenas de riesgos, viajando sin la documentación migratoria necesaria, tolerando los horrores del encierro, y las vejaciones y amenazas de los improvisados carceleros.

Por otro lado, no llamar a las autoridades significaba entrar en complicidad con los traficantes de personas. Por ello, los vecinos de Watts dejaron que las cosas siguieran su curso. “Son gente que sólo viene aquí a trabajar”, dijo una mujer del barrio. Los vecinos pensaban que en algún momento los familiares de los inmigrantes juntarían el dinero necesario para poder pagar el rescate y sus parientes podrían continuar su odisea, con suerte, encontrando el anhelado trabajo.

Las cosas no sucedieron así. Uno de los inmigrantes, cuyos familiares ya habían pagado el rescate, decidió llamar a las autoridades e informarles sobre lo que sucedía en el pequeño bungalow de Watts.

Cuando los agentes de inmigración aparecieron en el lugar de los hechos, encontraron a 88 inmigrantes descalzos, cansados y asustados: 42 de Ecuador, 40 de México, 4 de Guatemala y dos de El Salvador. En la oscura casita, había también montañas de zapatos, cartuchos de armas, listas con los nombres de las víctimas y cifras indicando el monto del rescate pedido, porciones de comida. El resto de los inmigrantes y los secuestradores logró escapar.

El caso de Watts mereció las primeras planas de los periódicos esta semana y propició un debate en Los Ángeles y en Washington D.C. La petición de ciertos grupos opuestos a la inmigración es que las policías locales colaboren con las autoridades migratorias para arrestar a indocumentados. La mayor parte de los cuerpos policíacos en por lo menos 12 estados de la Unión Americana se niegan a cumplir este papel, aduciendo que su trabajo les obliga a establecer vínculos de confianza con las comunidades inmigrantes. Es decir, no se puede actuar como la migra y luego regresar a pedir ayuda para investigar actos criminales, auxiliar a las víctimas de violencia doméstica y contar con testigos potenciales a la hora de llevar a juicio a los criminales.

Cuando George W. Bush asumió la presidencia prometió que desarrollaría una política migratoria justa, eficiente y racional. El 11 de septiembre obligó al país a redefinir las prioridades nacionales y la inmigración pasó a segundo término. Bush revivió el asunto a principios de este año con una vaga propuesta que nadie en el Congreso se ha atrevido a sustanciar.

Mientras más se dilaten el Presidente y el Congreso en establecer las bases de una política migratoria seria, más proliferarán las casas como la de Watts, donde los indocumentados viven un injusto infierno carcelario, y más costo tendrán que pagar las ciudades a donde llegan los inmigrantes. Postergar este empeño es inmoral e irracional.
*Miembro del consejo editorial de Los Angeles Times.