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Procurador defiende la constitucionalidad de ley

Para el Procurador General de la República, Gregorio Sánchez Trejo, el aval de la constitucionalidad de la segunda versión de la ley antimaras es una cuestión que solamente le compete a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Publicada 16 de abril 2004, El Diario de Hoy

Procuraduría General de la República. Tiene el deber de trabajar para que se respeten las libertades individuales .Foto EDH

Liz Aguirre
El Diario de Hoy

nacional@elsalvador.com

“Este es un nuevo proyecto que está sujeto a un nuevo recurso, porque no se puede declarar inconstitucional si no se presenta ese recurso. Hay que esperar a que eso se dé”, alegó.

Eso sí, el funcionario se encargó de recordar la labor que la Procuraduría debe ejercer en los procesos contra los pandilleros.

Para Sánchez, mientras esta ley esté vigente y haya sido aprobada por el Órgano Legislativo, los efectos jurídicos se manifestarán.

“Los jueces tienen la facultad de declararla inaplicable o considerar que es anticonstitucional, la función de los defensores públicos es garantizar los derechos de los salvadoreños y que no se viole el debido proceso a cualquier imputado”, explicó el ex magistrado de la CSJ.

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Antonio Saca, presidente electo, también se refirió ayer a la ley contra las pandillas.

“Le corresponde a la CSJ determinar la inconstitucionalidad de una ley. Si la ley presentada, a juicio de la Corte posee algunos problemas, yo siempre estaré disponible para sentarme con la CSJ, con los diputados y con los jueces si hay necesidad”, prometió.

Agregó otra proyección: “Quiero reiterar al pueblo salvadoreño que yo voy a aplicar una súper mano dura contra los delincuentes”.


Posponen Límite
- Con 78 votos, la Asamblea Legislativa aprobó ayer que se den 90 días más para que se digitalicen los expedientes de los padres que tienen cuentas en la Procuraduría .
- El Procurador General explicó que no tiene los fondos suficientes para esta tarea porque no se ha aprobado el Presupuesto General.
- También celebró que muchos padres hayan llegado a entender que por los menos deben mantener un vínculo “socioeconómico” con sus hijos, aunque no vivan con ellos.


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