Jorge Ernesto Peña
Villacorta*
El Diario de Hoy
jpvillacorta @hotmail.com
Hablar de una institución como lo es el Parlamento Centroamericano
(Parlacen), es tocar un tema muy complejo, sin embargo, es conveniente
abordar algunos puntos que se deberían tomar en cuenta para reflexionar
sobre la continuidad, modificación o supresión del mismo.
Ya en diferentes ocasiones, el Parlacen ha sido cuestionado por Costa
Rica, Honduras, Guatemala y, últimamente, por nuestro país,
por su operatividad y efectividad discutibles en los asuntos políticos,
económicos y sociales de la región, especialmente en lo
relacionado con el tema de la integración centroamericana, al igual
que por su conformación legal e institucional.
Si comparamos esta institución con el Parlamento Europeo, encontramos
diferencias altamente significativas, que nos hacen meditar respecto al
verdadero papel que debería desempeñar el Parlacen, el cual
a su constitución y en su Artículo No. 1 de su Tratado Constitutivo,
le confiere el carácter analítico y de asesoría,
al fijar su naturaleza como órgano regional de planteamiento, análisis
y recomendación en las temáticas económicas, políticas,
sociales y culturales para los estados miembros, es decir, sus acciones
y resoluciones sólo llegan al nivel consultivo, sin mayor poder
vinculante con los países signatarios.
En cambio, el Parlamento Europeo (PE) desempeña un rol protagónico
en el quehacer de la Unión Europea (UE). Este tiene, entre sus
funciones principales, examinar y adoptar, juntamente con el Consejo de
la Unión Europea, la legislación correspondiente a la misma,
el control democrático de las otras instituciones de la UE, aprobar
acuerdos internacionales relevantes, como son las asociaciones comerciales
entre la UE y demás países, así como las incorporaciones
de nuevos estados miembros y, en términos generales, se convierte
en la voz democrática de los ciudadanos euro-peos.
Este Parlamento, en coordinación y común acuerdo con el
Consejo de la Unión, fija las normas para todas las actividades
de la comunidad europea, velando por que se garanticen las famosas cuatro
libertades constituidas por la libre movilidad de personas, mercancías,
servicios y capitales.
¡Qué lejos, pues, estamos de un verdadero parlamento que
se ocupe de nuestro anhelado proyecto integracionista centroamericano!
Es más, al examinar el Tratado Constitutivo y su Reglamento, se
pueden encontrar una serie de desaciertos. Por ejemplo, el Artículo
No. 2 del Tratado y el Artículo No. 12 de su Reglamento establecen
que los presidentes y vicepresidentes salientes, automáticamente
integrarán el Parlacen.
Algo insólito, puesto que una vez concluidos sus mandatos, deberían
quedar a la espera de la revisión de rigor que todo gobierno entrante
debe de realizar al saliente como garantía de que se han hecho
bien las cosas.
A parte de este premio y agravando aún más las cosas, se
les dan amplias impunidades y privilegios que, al igual que los otros
diputados centroamericanos, les otorgan mejor protección que cualquier
diputado de algún Congreso de un país de la región.
En cuanto al presupuesto, según los artículos No. 10, 18
y 19 del mismo Tratado, le conceden la facultad de preparar y aprobar
el mismo sin que en esto haya intervención de gobierno alguno.
En otras palabras no tienen derecho a objetar u observar el presupuesto
aprobado, el cual es financiado en partes iguales precisamente por los
estados miembros.
En resumen, se hace necesario revisar nuevamente el Tratado Constitutivo
y su Reglamento, a efecto de corregir, además de los puntos señalados
anteriormente, otros más que ponen en entredicho la funcionalidad
y seriedad de un organismo que, hasta el momento, no ha rendido los frutos
deseados quizás por su inapropiada acta de nacimiento o por la
falta de voluntad política de los gobiernos por hacer de este organismo
un verdadero parlamento con poder vinculante en todos los aspectos concernientes
al espíritu integracionista centroamericano que, hoy en día,
demandamos urgentemente para hacerles frente como un solo bloque a las
corrientes globalizadoras.
*Economista MAE
