Marcela Sánchez*
El Diario de Hoy
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La cuestión sobre la intervención militar en seguridad interna en las naciones de América Latina no es nueva, pero muchos en la región la han rechazado categóricamente desde el retorno del orden democrático.

Aun así, algunos líderes estadounidenses están planteándola de nuevo, convencidos de que los actuales retos en seguridad debieran inducir a líderes latinoamericanos a considerar el uso de sus militares dentro de sus fronteras.

Dichas ideas parecen estar en clara contradicción con el mensaje estadounidense de que los soldados no pertenecen a las calles, sino al cuartel.

Los regímenes militares abrieron una sangrienta senda a lo largo de la región hace escasamente una generación, y muchos acá y a través del hemisferio temen que un solo paso que se dé en esa dirección no será el último en una senda que llevará de nuevo a aquellos angustiosos días.

Pero para líderes militares como el general James T. Hill, jefe del Comando Sur, éstas son nuevas épocas que requieren nuevas ideas. El crimen internacional organizado en todas sus actuales formas —terrorismo y el tráfico de personas, drogas y armas— representa un reto tanto policial como militar, que Latinoamérica ignora por su cuenta y riesgo.

El asunto es tan delicado que la solución no se puede alcanzar sin profundas reflexiones. Tras las innumerables víctimas de las dictaduras militares, es difícil imaginar alguna razón que justifique expandir el uso de la fuerza militar para enfrentar algo distinto a las amenazas tradicionales a la soberanía nacional.

Pero también es difícil desconocer los hechos. Precisamente esta semana, funcionarios del estado de Río de Janeiro le pidieron al Gobierno de Brasil el envío de tropas para contener una guerra de pandillas relacionada con la droga, que incluso la policía no ha podido contener.

Al verse casi sin opciones, algunos funcionarios propusieron incluso la construcción de un muro alrededor de tres favelas, una idea que afortunadamente murió por rechazo popular.

En Colombia, al igual que en Jamaica, en el Caribe, y El Salvador, en Centroamérica, la acción de unidades conjuntas de la policía y el ejército se ha hecho más frecuente en la lucha contra las drogas ilícitas y pandillas criminales.

Combinar los recursos de ambas fuerzas puede ofrecer una rápida y práctica respuesta a ese creciente fenómeno de violencia criminal, que frustra la estabilidad económica y social.

Dichos sucesos de ninguna manera implican una solución totalmente militar a cualquiera de los nuevos retos no tradicionales. Cuando mucho, al decir de expertos de seguridad en Estados Unidos y de la región, el papel militar debiera ser limitado y no debiera suplantar el de la policía, las agencias de inteligencia, las cortes y los reguladores financieros.

El reto para América Latina es crear un cuerpo que esté dispuesto a cooperar con esas otras agencias y sea capaz también de imponer la fuerza necesaria, para combatir organizaciones criminales cuyo alcance y recursos no conocen fronteras.

A Estados Unidos no le preocupa realmente la forma que tome en definitiva ese cuerpo en América Latina, sugirió Richard D. Downie, el nuevo director del Centro para Estudios Hemisféricos de Defensa del Pentágono (CHDS).

Pero lo que el general Hill y otros estrategas militares estadounidenses añaden es que la fuerza militar es la única que cuenta con los recursos y la destreza necesarios para afrontar los desafíos de la nueva era.

De todos modos cada país debe decidir si puede confiar en sus fuerzas militares para que enfrenten un nuevo reto y limiten su rol a lo que los líderes civiles definan. Después de todo, los esfuerzos para profesionalizar a esas fuerzas y fortalecer su control civil están todavía a mitad de camino.

Llevar a cabo ese propósito adquiere urgencia renovada a medida que los gobiernos estudian nuevas estrategias de seguridad, dijo Downie, algo que él mismo tendrá que considerar como director del CHDS, creado hace siete años para ayudar a fortalecer en la región el control civil sobre los militares.

Incluso en Colombia, un país sin la historia de dictadura militar, la confianza en las fuerzas armadas nunca ha sido garantizada.

De hecho, la actual tasa de aprobación de 80 por ciento de las fuerzas militares colombianas llegó sólo después de que Estados Unidos las apoyó con millones de dólares, el paquete de ayuda militar más grande del continente y el tercero más grande del mundo, buena parte del cual está dirigido a profesionalizar a las fuerzas armadas.

Además, insisten muchos analistas, Colombia requerirá mucho más que asistencia militar estadounidense para alcanzar un verdadero éxito en sus muchos retos de seguridad interna.

De hecho, si en la lucha de hoy contra redes criminales internacionales los militares pueden jugar sólo un papel suplementario, es particularmente preocupante que el esfuerzo estadounidense hasta ahora sólo parezca concentrarse en ese aspecto de la ecuación.

Incluso ante el escepticismo históricamente justificado y la resistencia que dicha agenda genera, el reto estadounidense tiene validez y urgencia. Pero será rechazado a no ser que sea respaldado por un compromiso financiero y apoyado por las otras agencias involucradas en una solución integral.

*Columnista del Washington Post.