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Tomando la palabra
¿Desvían objetivos del servicio social?

Definitivamente, las causas de la actual situación son los vacíos legales por una parte, y por otra, la galopante desactualización de las normativas existentes

Publicada 2 de abril 2004, El Diario de Hoy

Rodolfo Chang Peña*
El Diario de Hoy

editorial@elsalvador.com

Hace unos cuarenta años, cuando únicamente existía la Universidad de El Salvador, los estudiantes de Medicina que egresaban después de cumplir su internado rotatorio y aprobar los correspondientes exámenes “privados” (oral, ante tres connotados galenos y a la par del enfermo), pasaban a cumplir un año de Servicio Social Obligatorio y en tal sentido eran enviados, mediante sorteo, a desempeñarse en unidades de salud y hospitales del interior de la República. Todos ocupaban plazas del Ministerio y, para redondearse los ingresos, ya que el salario era simbólico, la mayoría conseguía trabajar como médico forense o abría una pequeña clínica en la localidad.

En ese entonces el año de Servicio Social, previo a la graduación, tenía los siguientes propósitos: Aplicar en la práctica las “competencias” y conocimientos adquiridos en las aulas de clases, salir de la teoría de los textos y los “casos clínicos de libro”, para encontrarse con la realidad cotidiana, aprender a la par de profesionales con mayor experiencia, realizar una investigación científica (tesis doctoral o trabajo de graduación), adquirir conciencia crítica y proactiva en el desarrollo del trabajo en busca de la salud, retribuir a la sociedad los esfuerzos del ente que les formó (proyección y función social), conocer y aprender de la sabiduría popular y fortalecer la personalidad con un incipiente ejercicio profesional, por cuanto no es lo mismo ser estudiante exitoso que profesionista exitoso.

Menos de dos décadas después, las cosas empezaron a cambiar vertiginosamente, por un lado, ya no se producían cuarenta o cincuenta egresados al año, lo que era muy fácil de absorber por la red de establecimientos del Ministerio de Salud, el volumen de egresados cada vez era mayor hasta llegar al punto de rebasar el número de plazas disponibles para médicos en Servicio Social. Pronto empezaron a “partirse” las plazas y a distribuirse entre varios estudiantes a grado tal que muchos cumplían unas pocas horas de un trabajo diseñado y planificado para tiempo completo y hasta geográfico (ocho horas de trabajo diario con obligación de residir en la localidad). Algunas ONG empezaron a dar oportunidades para ubicar jóvenes en Servicio Social a sueldo completo, medio sueldo y no pocos sin recibir un tan solo centavo.

Definitivamente, las causas de la actual situación son los vacíos legales por una parte, y por otra, la galopante desactualización de las normativas existentes. Por ejemplo, la Ley General de Educación Superior no conceptualiza, tampoco define y mucho menos establece cómo, dónde y en qué forma se debe hacer el Servicio Social. Por su parte, el Ministerio de Salud dispone de un reglamento sobre el particular que tiene unos cuarenta y tres años de estar vigente (todavía no ha sido derogado), que no responde a la realidad actual, además de que no existen ejemplares para su consulta.

Es natural que antes de iniciar una acción que le busque salidas a este nudo gordiano, es indispensable admitir que el impacto del profesional de la Medicina no es privativo del Ministerio de Salud y que por el contrario, es de naturaleza intersectorial. Algunas premisas que deberían de tomarse en consideración para que el abordaje del problema sea integral son las siguientes: Participación de todos los actores más estrechamente vinculados con el Servicio Social de los estudiantes (Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Consejo Superior de Salud (Junta de Vigilancia de la Profesión Médica), universidades privadas y Universidad de El Salvador); considerar a todos los estudiantes egresados de las ciencias de la salud, cualesquiera que sea su procedencia, iguales ante la ley (Constitución de la República) y con iguales oportunidades para optar por una plaza (Código de Trabajo); reglamentar todo lo relacionado al año social con enfoque académico educativo, para no dejarlo al arbitrio de las universidades y directores de hospitales y unidades de salud; desarrollar más convenios con organizaciones privadas y de otra índole para incrementar los cupos para estudiantes en Servicio Social; finalmente, diversificar los campos de trabajo y salir de la tradicional camisa de fuerza (unidades de Salud y hospitales del Ministerio), a fin de expandirse a otros establecimientos, como por ejemplo Ministerio del Trabajo (riesgos profesionales y medicina ocupacional), Policía Nacional Civil (violencia intrafamiliar y violencia contra niños y mujeres), alcaldías municipales (saneamiento ambiental), Ministerio de Transporte (epidemiología de accidentes de tránsito), ANDA (agua como condicionante de la salud), Cruz Roja (atención de urgencias), centros educativos (educación para la salud y medicina preventiva), etc.

Las últimas noticias que nos llegan y que buscan paliar la situación son un tanto preocupantes, porque a la legua denotan ser únicamente remiendos y parches que no llegan realmente al fondo del asunto.

En los primeros días del mes de diciembre, por ejemplo, se habló de asignar un área geográfica a cada centro de educación superior para que ubique sus estudiantes en Servicio Social en la forma que más le convenga, que ningún estudiante en estas condiciones -excepto los de la Universidad de El Salvador- recibirá salario, que todos los estudiantes en año social sin excepción reciban un estipendio (esta posición definitivamente más equitativa es la más reciente) y que la constancia de finalización del Servicio Social la extienda la universidad correspondiente y no el Ministerio de Salud, como ha sido lo tradicional.

En suma, el desarrollo de los acontecimientos apunta hacia un desplazamiento de la responsabilidad del Ministerio a los centros de estudio, lo que es aceptable en principio, toda vez que estos últimos estén debidamente preparados para desempeñar esta importante función, lo que incluye, por supuesto, el disponer de los mecanismos técnicos administrativos necesarios para garantizar el éxito y la transparencia.
* Dr. en Medicina.


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