Jaime García
El Diario de Hoy
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Dos arquitectos y dos ingenieros del Ministerio Obras Públicas (MOP) serán autorizados por un tribunal para que determinen el valor de los inmuebles propiedad de los 21 implicados en la supuesta corrupción en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

La jueza 9a. de Instrucción, Nora Montoya, informó que los profesionales serán juramentados hoy para que el viernes inspeccionen las viviendas y los terrenos de los procesados.

La funcionaria explicó que la Fiscalía ha solicitado que se establezca el valor de las propiedades para corroborarlo con la capacidad económica que tienen los encausados.

Al tribunal. Los archivos incautados en la institución fueron llevados al juzgado que conoce del proceso penal.Foto EDH

Se busca, además, solicitar el pago de responsabilidad civil o daños y perjuicios ante una eventual condena.

Los inmuebles se encuentran situados en San Salvador y los municipios de la periferia, así como en el interior del país.

Las propiedades han sido registradas por los fiscales de la Unidad Anticorrupción y Delitos Complejos en busca de evidencias de los delitos atribuidos a los acusados.

El lugar que a criterio de los fiscales tiene más valor es una residencia del ex presidente de ANDA, Carlos Perla, que está construida en las faldas del Volcán de San Salvador.

Según el Ministerio Público este inmueble fue edificado con fondos, materiales y personal de la paraestatal distribuidora de agua.

Perla enfrenta acusaciones por peculado (aprovechamiento de fondos públicos), negociaciones ilícitas y asociaciones ilícitas. Está preso en Francia mientras se le extradita.

Otros 20 involucrados, entre tres gerentes, empleados y familiares de los ejecutivos también son procesados por asociaciones ilícitas. La mayoría huye.

Estos últimos son procesados por beneficiarse por medio de dádivas entregadas por empresas que ganaban licitaciones en forma fraudulenta.

Ayer por la tarde, el Ministerio Público entregó al Juzgado 9o. de Instrucción, un legajo de documentos que fueron secuestrados de las oficinas administrativas de ANDA.

La Fiscalía sostiene que los archivos decomisados contienen evidencias del fraude que se gestó en la otorgación de proyectos de ANDA por medio de las licitaciones anómalas.

Estafadores

Narciso Rovira, defensor de Carlos Perla, consideró que los documentos secuestrados reflejaban que la decisión de otorgar un proyecto por una licitación o concurso público no era facultad de su cliente sino de un comité evaluador, que era la junta de Gobierno de ANDA.

“Siempre he sostenido que quien licitaba no era Carlos Perla ni sus gerentes. Quien lo autorizaba era la junta de Gobierno. Perla firmaba los contratos porque ésta lo autorizaba”, recalcó.

Francia pide saber fecha de orden de arresto
-La jueza Nora Montoya informó que el Ministerio de Gobernación recibió el jueves una petición de las
autoridades de Francia para que el Juzgado 9o. de Instrucción confirmara la fecha de la emisión de la
orden de arresto de Carlos Perla.

- Montoya aclaró en la contestación que el 10 de noviembre de 2003 se abrió proceso contra Perla y el
12 de noviembre se libró la orden de captura a la PNC.