Edward Gutiérrez
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
El Fiscal General de la República objetó dos artículos
de la casi por expirar Ley Antimaras por considerar que chocan
con el trabajo de la institución y porque además riñen
con otras normativas.
En primer lugar, Belisario Artiga dijo a la Corte Suprema de Justicia,
que le pidió su opinión, que la Ley Antimaras no se puede
aplicar a menores de 12 años porque El Salvador ha suscrito tratados
internacionales que establecen la niñez hasta los 18 años.
Debe tenerse en mente que estos tratados son leyes de la República
y que en caso de conflicto entre tratado y la ley, prevalece el tratado...
Es justificable que ese artículo debe ser reformado a futuro,
dijo Artiga.
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| Objeciones. La policía no puede sustituir
a la Fiscalía para acusar mareros ante un juez. Foto
EDH |
Tanto la Ley del Menor Infractor como la Convención de los Derechos
del Niño prohíben encausar a los menores de edad.
La jueza Aída Santos de Escobar explicó que la ley contra
las pandillas, que expira el 10 de abril, manda procesar a niños
mareros menores de ocho años y que los administradores de justicia
se han negado a aplicarla precisamente porque afrenta la legislación
actual en materia del menor.
Por otra parte, alega que es desigual porque ordena procesar a un menor
marero por un delito, pero si un niño que no es pandillero también
lo comete, no se le puede tocar. ¿Dónde está
entonces el principio de igualdad?, se pregunta.
La Ley Antimaras fue aprobada el 10 de octubre del año pasado y
tiene una aplicación de seis meses. La policía ha propuesto
que se prorrogue.
La otra objeción
Por otra parte el funcionario objetó que la normativa le dé
a la Policía Nacional Civil facultades de la Fiscalía.
Resulta que la Ley Antimaras avala a los policías a presentar ante
un juez a los pandilleros detenidos.
Las Constitución dice que la Fiscalía tiene el monopolio
de la investigación del delito.
Artiga dijo que la disposición que facultad a la PNC de presentar
los requerimientos tratándose de delitos es una facultad de la
Fiscalía.