Edward Gutiérrez/Alberto López
El Diario de Hoy
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Graciela Roque se convirtió ayer en la principal sospechosa de haber filtrado con anticipación la condena a siete años contra Raúl García Prieto y contribuir de esta manera al escape del convicto.

Roque, quien es resolutora del Juzgado 6o. de Sentencia, sería quien filtró la sentencia, según fuentes de la Fiscalía General.

Los informantes dijeron que existen registros de llamadas telefónicas que la conectan con una oficina jurídica situada a unos metros del tribunal.

Lo que los investigadores creen es que Roque llamó a un abogado para que éste lo hiciera saber a los defensores de García Prieto, a fin de que el ex presidente del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), que gozaba de libertad condicional, no se presentara a la lectura de fallo.

Prófugo. El ex presidente del Banco de Fomento Agropecuario expuso sus descargos durante el juicio. Luego huyó. Foto EDH

A las bitácoras de llamadas se agregan los testimonios del resto del personal del tribunal. Se ha dicho que algunos apuntan directamente hacia ella, pero la Fiscalía no ha querido entrar en detalles.

Ayer por la tarde, el Ministerio Público confirmó que la empleada judicial es considerada como la responsable de haber facilitado la sentencia, la cual es calificada como “confidencial” hasta que no se conozca públicamente.
En las próximas horas, habrá novedades en este caso, prometió la Fiscalía.

Dos fotoperiodistas registraron el momento en que García Prieto llegó el 13 de febrero pasado al edificio de los tribunales de Sentencia, en el Centro de Gobierno, para escuchar el fallo en la causa que se le seguía a García por el delito de defraudación a la economía pública.

Al bajarse de su auto se le acercaron varios abogados, pero los reporteros gráficos sólo captaron al abogado Lisandro Quitanilla.

Por eso el Fiscal General, Belisario Artiga, dijo que Quintanilla era el lógico sospechoso de llevar a su destinatario final la condena adoptada.

Este caso causó disgusto y “mal sabor” a Artiga, quien optó por enviar una carta al presidente de la Corte Suprema, Agustín García Calderón, para pedirle que recurriera a sus departamentos internos que investigan acusaciones de jueces y abogados.
La Corte realiza averiguaciones internas, pero el escándalo no terminó con la fuga.

El 1 de marzo, el Juzgado 6o. de Sentencia vuelve a sorprender a la Fiscalía General al acordar celebrar una audiencia especial donde concedió arresto domiciliario al prófugo.

Bajo condición puso 72 horas para que el reo se presentara al tribunal, pero nunca llegó.
Lo anterior motivó a la Fiscalía General una serie de acusaciones que llegaron hasta la Asamblea.
Un día después de esto, la Corte Suprema de Justicia comenzó el debate de si suspendía o no a dos jueces. En principio así lo ha decidido.