Alberto López
El Diario de Hoy
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Sin mayores cambios a las observaciones de los últimos cinco años, Estados Unidos volvió a descalificar al sistema judicial.

El informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 2003, se refiere al Órgano Judicial aún como deficiente y corrupto, pero reconoce que ha habido avances en esta área.

Para sustentar esta afirmación, se habla de casos particulares, muchos que se dieron en 2002, al menos en el segundo semestre de ese año.

Por ejemplo, el caso de Ricardo Canales Herrera, que fue destituido como Juez 2o. de Instrucción de San Salvador a mediados de 2002 por la pérdida de 180 mil colones y 500 gramos de heroína valorados en unos 300 mil colones.

Depurado. El documento menciona, entre otros temas, la destitución del ex juez Ricardo Canales.Foto EDH

Canales salió bien librado del proceso judicial en su contra por este caso, recientemente, en un fallo a nivel de tribunal de apelaciones. Mantiene una demanda en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte por considerar que su destitución fue ilegal. Los magistrados votaron 14 contra uno para su remoción.

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Se habla también del caso de Narciso Ramírez, alias “Chicho”, acusado de tráfico de personas, por un supuesto conflicto en el criterio de los jueces de Sentencia de Ahuachapán.

El informe basa también su señalamiento en las denuncias que recibe a menudo el Departamento de Investigación Judicial de la Corte contra los jueces.

Se apoya, asimismo, en un informe parecido de Naciones Unidas de diciembre de 2002 y a partir de eso ratifica EE.UU. que “la corrupción en el sistema judicial contribuye a la impunidad”.

Más recientemente, como ejemplo de corrupción en la Corte, hace referencia al proceso contra tres jefes de seguridad de la Corte que supuestamente permitieron el escape de 14 miembros de la banda Tacoma Cabrera, hecho ocurrido a mediados del año pasado.

Sobre la Ley Antimaras hace un pequeño comentario de que pocos jueces la han aplicado, y ninguno ha emitido sentencia con ésta.

Se menciona el proceso de los títulos irregulares en el que faltaría un grupo de jueces por definir.
Se reconoce, en términos generales, sin involucrar al Órgano Judicial en esto, que “continúa la impunidad para personas que tienen vínculos políticos, económicos e institucionales”. Aparte de que “presunción de inocencia y otros derechos de los reos no han sido respetados en la práctica”.

El informe también hace referencia a excesos policiales. Se cita un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el cual menciona que en 2003 hubo dos homicidios y 17 casos de abuso físico.
Además, se reporta la muerte de Álvaro Centeno Calvio, en enero de 2003, en medio de la campaña para los comicios municipales y legislativos. Se trataba de un simpatizante del FMLN.