Alberto López / Jorge Beltrán
El Diario de Hoy
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Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón, el informe del Departamento de Estado, aunque es más positivo que el de otros años a favor de su institución, es impreciso y está “fuera de contexto”.

Esto porque se habla de casos en los que se continúa un proceso o en los que ya se emitió fallo.

Uno de éstos es el caso del presunto coyote Narciso Ramírez, en el que existía una diferencia de criterio entre los jueces de Sentencia que llevan el caso en Ahuachapán y que fue resuelto en enero pasado, en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema.

La resolución dice, en su parte final, literalmente, “se recomienda a los miembros del tribunal de Sentencia de Ahuachapán, en lo sucesivo, limitarse a resolver conforme a lo prescrito por la ley, debiendo evitar en lo posible, dilaciones innecesarias en la administración de justicia”.

Ejemplo. El ex juez Ricardo Canales es mencionado en el informe, aunque su caso es de 2002. Foto EDH

“Somos de las instituciones con más puertas abiertas cuando ellos buscan la colaboración para recopilar la información necesaria para sus informes”, aseguró el magistrado presidente, quien reaccionó mucho más mesurado este año, pues agrega, en su opinión, que “se han ido dando pasos de calidad” en la Corte.

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Jueces legales

García fue enfático en asegurar que no ha habido nombramiento irregular de jueces, en cuanto al tema de las diferencias entre el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y su institución. Aparte de los casos de los títulos irregulares que también se incluye en el documento. “Los jueces de El Salvador son legítimos”, dijo.

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Ricardo Menesses, por su parte, aseguró que se tomarán medidas para subsanar las críticas que se les hace en el Informe del Departamento de Estado sobre casos en que policías han sido involucrados en violaciones a los derechos humanos.

Menesses aseguró que la PNC está en constante revisión del comportamiento policial a través de la Inspectoría General. Enfatizó que se corregirá lo que haga falta, siempre que se los exija o faculte la legislación interna (institucional) o las leyes del país.

“Nosotros estamos abiertos a todo señalamiento y a toda crítica, para que vayamos corrigiendo los problemas institucionales y brindar un mejor servicio a la población”, declaró el director.

En el informe se mencionan constantes abusos de autoridad, reflejados en arrestos arbitrarios por parte de la PNC.
Menesses se defendió, diciendo que sus subalternos sólo hacen capturas en el término de flagrancia o con base en órdenes de arresto giradas por la Fiscalía.

De delincuentes

Sostuvo que a veces esas denuncias son de los mismos delincuentes. Citó el caso, como ejemplo, de unas personas capturadas cuando cazaban ilegalmente en una área restringida, utilizando subametralladoras del tipo UZI, sin ningún permiso. Las deficiencias en las investigaciones también son parte del documento de Estado.

Menesses, empero, aseguró que la PNC hace una buena labor investigativa. Añadió que la policía investiga bajo la dirección de la Fiscalía. “Ellos cumplen con lo que la Fiscalía les ordena investigar”, apuntó.

Menesses se comprometió a verificar qué está pasando en la situación de investigación y con la conducta de los policías. “El policía que anda mal, lo procesamos penal o disciplinariamente o informamos a la opinión pública”, indicó.
El director de la corporación sostuvo que las constantes encuestas de opinión pública reflejan que la población está contenta y satisfecha con la labor policial.