Carmen-María Gallardo Hernández*
El Diario de Hoy
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Los niveles de la enseñanza superior y de la investigación están lejos de ser los adecuados para un país que aspira a competir.

Los distintos actores estudiantes, docentes e investigadores lo saben.

Los partidos políticos lo admiten en momentos electorales.

La opinión pública, por su parte, tolera siga descendiendo la calidad de nuestros bachilleres y, por ende, de los docentes.

El problema, si bien no es exclusivo de El Salvador, limita nuestro crecimiento y productividad como país y nos aleja cada vez más de la llamada “frontera tecnológica de EE.UU.”, la cual, hemos de admitirlo, marca la diferencia entre países.

El mercado internacional de la formación y los parámetros que manejan las empresas con capacidad competitiva obliga a acreditar a los estudiantes en determinadas competencias y habilidades. Es de lamentar que, pese a los esfuerzos en la educación primaria, nuestro sistema educativo formal no ha sido capaz de desarrollar, hasta la fecha, un sistema universitario acorde a las exigencias de la realidad internacional actual.

Lo crítico, en términos de país, estriba en el hecho de que cada año que perdemos, la brecha se acentúa de frente a los países que compiten con El Salvador en los distintos mercados. Por cuanto los desafíos de la economía globalizada impone acelerar el ritmo de adaptación de nuestra educación superior de frente a la apertura de mercados y la competitividad.

La mayoría de los políticos se acuerda de las universidades cuando debe presentar sus ofertas electorales a la población. En algunos casos nos atrevemos a adelantar que lo hacen desconociendo la verdadera realidad de nuestras universidades y, si la conocen, temen comprometerse con los cambios fundamentales que se necesitan.

En el sistema político salvadoreño, esencialmente presidencialista, el Presidente de la República debe estar convencido de que las universidades y la investigación aplicada constituyen una prioridad nacional para alcanzar el desarrollo. Es una decisión esencialmente política, la cual, se entiende, debe traducirse en la realidad, mediante la gestión eficiente de funcionarios públicos y participación de empresarios comprometidos con nuestro país.

No se le puede recriminar nuestro deficiente nivel de educación superior únicamente a quien gobierna, el sector privado y sociedad organizada poseen así mismo una gran responsabilidad. Y hay que decirlo, no siempre han respondido al llamado del mundo académico.

Con excepción de algunos casos notorios, los recursos empresariales —tanto económicos como humanos—, no han sido puestos al servicio de las universidades nacionales, contrariamente a otros países.

Entre los desafíos planteados por la competitividad, no hemos de olvidar la urgente necesidad de agilizar la armonización de los diplomas, tanto a nivel regional como interregional. La acreditación de nuestras universidades, proceso que las autoridades del Ministerio de Educación están impulsando en forma acertada, constituye un paso en tal dirección.

Cabe esperar que aquellas universidades y centros especializados de educación superior que logren su acreditación podrán aspirar a salir del anonimato y establecer alianzas estratégicas con universidades de prestigio en otros países.

Lo esencial es asegurar la credibilidad de la acreditación con base en la imparcialidad de quienes la otorgan.
Para que nuestras universidades alcancen cierto grado de competitividad, no basta con hablar de autonomía, se requiere contar con la presencia de órganos independientes de evaluación de diplomas.

En la agenda nacional de nuestro país, el tema de la irregularidad de los diplomas profesionales debe, una vez por todas, ser resuelto.

En cuanto a la responsabilidad que se espera de parte de las universidades, conviene recordar que ésta implica calidad en la enseñanza y ética en los académicos.

Adjudicar fondos públicos y privados no constituye la panacea. Es preciso acompañar el financiamiento de las universidades con decisión política y compromiso nacional, a fin de crear nuevas estrategias que faciliten la movilidad entre el mundo académico al sector laboral. Crear nuevos mecanismos que abran paso hacia la investigación por medio de la tecnología.

Propiciar la transferencia de conocimientos a través de una política nacional de becas configurada con base en áreas prioritarias para el desarrollo y dirigida desde la Presidencia de la República. Flexibilizar prontamente los mecanismos de financiamiento para estudios superiores.

No hemos de preocuparnos tanto por nuestras deficiencias en cuanto a universidades se refiere. Países como Gran Bretaña se han visto obligados, recientemente, a enfrentar mayor responsabilidad política para subsanar serios problemas de financiamiento para las universidades.

En cambio, lo que sí debe preocuparnos es que las universidades no se conviertan en una prioridad nacional para el próximo gobierno.

Al iniciarse la actual campaña presidencial, los candidatos aceptaron una invitación de la Universidad Tecnológica, para exponer sus propuestas en materia de educación superior y afirmar su compromiso político en este tema.

¡Que no se quede en promesa lo dicho, porque, sin buenas universidades, El Salvador no tiene desarrollo ni logra competitividad!

*Columnista de El Diario de Hoy.