José Luis Henríquez
El Diario de Hoy
negocios@elsalvador.com

Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) deben ser autorizadas a invertir parte de sus fondos en el extranjero, porque el mercado local será incapaz de absorber los recursos que se están generando, y eventualmente la rentabilidad tenderá a caer.

Además, existe una insuficiente diversificación del riesgo, que podría ser peligrosa si el Estado y la banca llegarán a tener problemas financieros, como en el caso argentino.

Estas fueron las tesis planteadas por la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Pensiones (Asafondos), que organizó una charla en la que se trató la importancia de invertir fuera del país, dictada por el consultor chileno, Jorge Tarziján.

Jorge Tarzaján, consultor chileno, explica la problemática del sistema de pensiones. Foto: EDH/Lissette Monterrosa

De acuerdo con las fuentes, en este momento el 83% de los fondos se invierte en títulos estatales, 16% en valores de la banca y apenas el 1% en otro tipo de papeles.
Lo anterior se vuelve más grave cuando se observa que dicha tendencia, en la diversificación bursátil, no ha cambiado en los últimos cinco años.

“Se prevé que en los próximos ocho años se quintuplicará el monto actual del fondo de pensiones, que alcanza a la fecha los $1,500. ¿Qué pasará en el largo plazo si ahora no se hace nada?”, señaló el experto.

Subsidio forzado

Tarziján considera que si hay una mala diversificación de riesgos, la rentabilidad del fondo tenderá a caer por el exceso de demanda de títulos, aparte de que se crea un subsidio de los afiliados de las AFP hacia los emisores, principalmente de gobierno.

Para resolver esa situación se ha sugerido invertir en nuevos instrumentos foráneos que permitan en un plazo de 15 a 20 años mejorar las pensiones.
“Un punto porcentual de rentabilidad durante la vida activa de un trabajador puede significar una pensión de entre el 20% al 25% mayor que la que se recibe ahora”, planteó el experto.

Empero, recomendó que este tipo de operaciones tiene que darse en instrumentos de países y empresas seguras, bien fiscalizadas, y en mercados donde haya buena supervisión y excelente calificación de riesgo.
Para el experto, no debería haber mínimos de inversión externa sino máximos, y opina que lo ideal sería comenzar con un 15% del total del fondo.

Al tener mayor diversificación también se evitan las transferencias desde los afiliados hasta ciertos grupos, y se inhiben comportamientos “oportunistas” que puedan tener gobiernos futuros.

Para el superintendente de pensiones, en funciones, Francisco Sorto, con estas disposiciones no se está pensando en darle un cheque en blanco a las AFP sino que se les pedirá información para saber en qué y en dónde se está invirtiendo.
“Es claro que no se invertirá en papeles o acciones de cualquier empresa, pues sólo se permitirá invertir en empresas de la más alta calidad, en mercados seguros y con buena supervisión”, dijo.

¿Adónde invertir?

Entre las plazas financieras a las que se aspira destinar los recursos están los mercados de Nueva York, París, Londres, Tokio y Francfort.
Consultado sobre el caso de Enron y WorldCom, empresas supuestamente de primer nivel que quebraron, se precisó que fraudes siempre va a haber, y que el problema es para quienes invirtieron 40% o más de sus fondos en esas empresas, pero para quien diversificó sus inversiones ese no será un gran problema.

Para el caso, el presidente de Asafondos, Guillermo Aceto Marini, señaló que algunas AFP en Argentina invirtieron en bonos del Estado y no diversificaron, y ahora deben enfrentar la pérdida del 75% de sus fondos.
Actualmente los institutos previsionales mantienen en las cuentas corrientes de los bancos alrededor de $50 millones, un dinero prácticamente ocioso, ya que no hay papeles donde invertir.

Aceto Marini sostiene que antes de invertirse afuera se debe reformar la legislación actual, pues en este momento está prohibido que las AFP puedan colocar dinero en el extranjero.

Una vez que sea efectuada esta modificación se podrá elaborar el reglamento respectivo.
Entre las naciones latinoamericanas a las que se les permite esta clase de transacciones encontramos a Chile, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Uruguay.