ARGENTINA
AP.-
El Diario de Hoy
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Debieron pasar casi cuatro años, varios jueces y hasta la renuncia de un vicepresidente para que la justicia avanzara con la acusación formal de los principales implicados en el mayor escándalo de corrupción en la historia de Argentina.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, el tercero en tener a su cargo la causa, acusó formalmente al ex titular del Servicio de Inteligencia y a dos ex senadores implicados en el pago de sobornos al Senado para la sanción de una ley en 2000.

La investigación se concentrará ahora en otros sospechosos, como el ex presidente Fernando De la Rúa (1999-2001).

La medida dispuesta por el juez, que incluye además un embargo de 3.4 millones de dólares sobre los bienes de cada uno, afecta a Fernando de Santibañes, ex titular del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el gobierno de De la Rúa.

La justicia tiene elementos para sospechar que el dinero usado para pagar los sobornos salieron de las arcas de ese organismo.

La ruta del dinero

El sonado caso de sobornos en el Senado argentino todavía tiene varios capítulos por delante, entre ellos la ruta de los cinco millones de dólares que supuestamente se repartieron para aprobar la ley de reforma laboral.

El viernes fueron procesados, sin prisión, los primeros cuatro implicados, pero muchos se preguntan hoy dónde fue a parar el dinero.

Según la denuncia del “arrepentido” ex funcionario legislativo, Mario Pontaquarto, uno de los procesados, la plata fue entregada al ex senador Emilio Cantarero, del entonces opositor Partido Justicialista (PJ, peronista) y a José Genoud, de la entonces oficialista Unión Cívica Radical (UCR), los otros procesados junto a Fernando De Santibañez, que era jefe de la SIDE.

Pero la orden habría partido del presidente de la nación Fernando de la Rúa, quien habría sugerido que el tema se tratara con Fernando de Santibañez, por lo cual la causa seguirá en febrero, cuando se cite a los tribunales a De la Rúa y otros ex funcionarios de su gobierno.

Además de saber quiénes más están implicados, los argentinos pretenden ahora recuperar el dinero porque, como dijo el abogado de Pontaquarto, “es muy difícil poder esconder bien cinco millones de dólares sin que quede ningún rastro”.